El Gobierno andaluz y los populares ofrecen datos dispares sobre la ejecución del Presupuesto de la Junta

El Partido Popular y el Gobierno andaluz ofrecieron ayer datos completamente dispares sobre la ejecución del Presupuesto de la Junta de Andalucía. A la denuncia de los conservadores andaluces de que el gasto total a 30 de junio de 1999 sólo alcanzó el 18,4%, la Consejería de Economía y Hacienda replicó con el dato de que a fecha 31 de agosto la ejecución de las inversiones previstas llega al 55,9%. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, alertó ayer en conferencia de prensa de la baja ejecución del Presupuesto de 1999, que según dijo se situó en el 18,4%, y afirmó que esta evolución indica que puede "ser el peor presupuesto en cuanto a ejecución de la historia de la autonomía". El dirigente popular, que aseguró que sus datos proceden de la Oficina de Control Presupuestario, cifró en 600.000 millones de pesetas lo que el Gobierno socialista de Manuel Chaves ha dejado de ejecutar en nueve años. Sanz atribuyó la "dejación de responsabilidades" del Gobierno andaluz a su preocupación por preparar las pasadas elecciones municipales y al trabajo de Manuel Chaves de "deshojar la margarita" sobre la fecha de los próximos comicios autonómicos. Las cifras ofrecidas por el PP fueron rebatidas por la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, quien cifró en el 55,93% la ejecución de las inversiones previstas en los Presupuestos de la comunidad para 1999 a fecha de 31 de agosto y acusó al Partido Popular de "manipular los datos" facilitados por la Oficina de Control Presupuestario. "El PP utiliza, como hace siempre, datos reales para dar informaciones falsas", dijo la consejera, quien aseguró que el nivel de ejecución del presupuesto a 31 de agosto se sitúa dos puntos por encima del año anterior, en el que estuvo cerca del 99% al fin del ejercicio. Álvarez afirmó que el análisis que hace el PP de los datos de la Oficina de Control Presupuestario "no es viable técnicamente y es políticamente erróneo", y considera que "el único sentido que puede tener es una instrumentalización política de unos datos que de forma confiada se envían a los grupos políticos para que se les dé buen uso, no para que desinformen a la población".