El PNV exige a Rabanera que cobre los servicios que Álava preste al Condado

VIENE DE LA PÁGINA 1 Aunque el PP gobierna en la Diputación de Álava y en la Junta de Castilla y León, el contencioso institucional que pesa sobre Treviño parece muy lejos de encontrar una solución política. El futuro administrativo de los más de 1.200 treviñeses ha sido un tradicional caballo de batalla entre las dos comunidades en los últimos años. Hasta las elecciones locales de junio, el Ejecutivo alavés estaba presidido por el PNV, lo que no ayudó a engrasar las relaciones con la Junta castellana. Así, la comisión interinstitucional constituida en enero de 1997, a instancias de una resolución del Senado, celebró su último encuentro en octubre de ese año sin ningún resultado. Desde entonces no se han producido más contactos entre las instituciones de las dos comunidades hasta el pasado lunes . El PP tiene la llave para mantener la actual adscripción de Treviño a la provincia de Burgos o para permitir la celebración de un referéndum de anexión a Álava, tal y como oficialmente reclamaron los municipios de Treviño y de Lapuebla de Arganzón en abril del año pasado. De momento, los nacionalistas han interpretado como un portazo a su aspiración de acelerar el proceso del referéndum la intención de Rabanera de descargar en el Senado la responsabilidad sobre el conflicto y eludir así el debate político. Para el anterior diputado general y actual juntero, el peneuvista Félix Ormazabal, constituir una comisión con el único fin de de mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos es "desvirtuar lo fundamental: la titularidad administrativa del enclave". "Lo lógico es establecer mecanismos de cooperación entre las dos comunidades para prestar servicios a los vecinos de Treviño en el caso de que se fijara un plazo determinado para la celebración de un referéndum", profundizó Ormazabal. En cualquier caso, el ex diputado general exigió a Rabanera que si al final la Diputación de Álava se hace cargo de algunos servicios en Treviño, "los cobre al coste real que tengan" a las autoridades castellanas. EH ha tildado de "hipócrita" la iniciativa de Rabanera de mejorar los servicios a los habitantes de Treviño y ha reiterado que la solución pasa por "respetar la voluntad de los treviñeses". Mientras, el secretario general de EA en Álava, Avelino Fernández de Quincoces, consideró "una salida en falso" la creación de una comisión para coordinar actuaciones porque "dilatará el problema toda la legislatura". En febrero de 1998, en vísperas de la controvertida consulta popular en el Condado de Treviño, Rabanera se mostraba firme partidario de un Treviño alavés "por sentido común, por proximidad y por servicios". Su primera declaración sobre el Condado ya como diputado general ha sido más tibia. "Si queremos que los demás sean respetuosos con nuestro Estatuto, también nosotros deberemos serlo con el suyo", declaró el lunes en alusión a la disposición del Estatuto de Castilla y León que deja en manos de las instituciones castellanas la decisión sobre un referéndum.