La subida de las tasas universitarias de este curso se equipara al IPC

Los universitarios andaluces, o sus familias, tendrán que pagar este curso un 2,4% más para matricularse en los cursos que imparten los nueve centros de enseñanza superior de la región. El Consejo de Gobierno aprobó ayer que el alza de las tasas académicas refleje únicamente el incremento del coste de la vida (la inflación) que se registró en España el año pasado. La Junta opta así por la "subida mínima" al haberse decidido por aplicar el aumento más reducido entre los establecidos por el Consejo de Estado de Universidades.

El portavoz del Gobierno andaluz, Rafael Camacho, resaltó que el Ejecutivo autonómico había decidido aplicar "la parte más baja de la horquilla", acordada por el Consejo de Estado de Universidades que recomendó un alza de los precios de las matriculas universitarias entre el 2,4% (IPC nacional en 1998) y el 3,4%. Tras el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, la matrícula universitaria para las carreras de letras pasará de las 63.300 pesetas del curso 1998-99, a las 65.130 pesetas (1.830 más) del curso que se inicia el próximo mes. En las enseñanzas catalogadas como "experimentales", la matrícula valdrá ahora 90.320 pesetas, 2.120 pesetas más que el año pasado. Camacho explicó que, en las carreras universitarias sujetas a nuevos planes de estudio, los créditos registrarán una subida de 32 pesetas, (de 1.330 a 1.362). El Gobierno andaluz ha decidido también no incrementar los recargos a los alumnos que repitan alguna asignatura este curso. El Consejo de Gobierno, en su primera reunión tras el descanso estival, aprobó un proyecto de ley que pretende regular las consultas populares en ámbitos locales. En su documento, que deberá aprobar el Parlamento andaluz, la Junta establece que el resultado de estas consultas municipales "no será vinculante para la entidad convocante", si bien el portavoz del Ejecutivo no quiso dejar de subrayar que la opinión de los vecinos "tendrá un alcance político evidente". El proyecto de ley aclara que la iniciativa para formalizar una consulta popular correrá a cargo de la corporación municipal, "por mayoría absoluta", o de un grupo de vecinos suficientemente amplio. El documento, elaborado por la Consejería de Gobernación, indica que, para las localidades de menos de 5.000 habitantes serán necesarias las firmas del 10% de la población. Para los pueblos en los que residan entre 5.000 y 100.000 personas, se requerirán 1.000 firmas más el 5% de los habitantes que excedan de 5.000 y en el caso de las poblaciones de más de 100.000 personas se precisarán 10.500 solicitudes más el 3% de los habitantes que superen los 100.000. El Ejecutivo andaluz envió otro proyecto de ley a la Cámara autonómica, con el que trata de "llenar el vacío legal" que ha detectado en la gestión de áreas de transporte de mercancías por carretera. El documento realizado por Obras Públicas diferencia centros de interés regional, que se emplazarán en Sevilla, Málaga y el Campo de Gibraltar. El Consejo de Gobierno aprobó también la actualización de los premios de las máquinas de juego, fijados en 1986. PASA A PÁGINA 3