El juez comunica formalmente a los concejales de Barcelona Batlle y San Miguel su imputación por presunta prevaricación

El magistrado Adolfo Fernández Oubiña, titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, comunicó ayer, formalmente, la imputación por presunta prevaricación a los concejales socialistas Albert Batlle y Carme San Miguel, investigados por la supuesta adjudicación directa de un contrato de limpieza de vehículos de la Guardia Urbana en Vall d"Hebron (Horta-Guinardó). La abogada Olga Tubau, en representación de Batlle y San Miguel, que se negaron a realizar declaraciones al salir del juzgado, afirmó que "la actuación de los representantes del Ayuntamiento de Barcelona ha sido legal en todo momento", por lo que declaró: "Pediremos el archivo de las diligencias". Tras la comparecencia de ayer de la concejal de Seguridad y Movilidad, Carme San Miguel, y el entonces responsable del distrito Horta-Guinardó, el concejal Albert Batlle, el juez instructor deberá decidir en las próximas semanas si abre un juicio oral, o bien si archiva la causa. En el auto judicial, el magistrado Fernández Oubiña relata que en el mes de julio de 1995 los directivos de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios S.A. Delfín Carod Felipe y Alfred Morales González acordaron la concesión directa de la explotación de un garaje público a la sociedad Our Company S.L. "sin abrir el periodo de oferta pública previa al preceptivo concurso". El magistrado asegura que se realizó la concesión "pese a tratarse de una sociedad carente de licencia municipal y de medios adecuados". El garaje, ubicado en la planta baja del edificio que acoge la Autofira, en Vall d"Hebron, fue utilizado para guardar los coches-patrulla de la Guardia Urbana. Meses después, dos altos responsables de la policía local y la sociedad Our Company firmaron un contrato mercantil "alejado de las mínimas garantías administrativas", como dijo el magistrado, por el que la sociedad obtuvo la exclusiva para el lavado de 135 vehículos de la Guardia Urbana "sin previa y pública licitación". El caso fue denunciado hace unos meses por uno de los directivos de la compañía concesionaria del garaje cuando surgieron desavenencias entre los socios. La abogada de los concejales del PSC reiteró ayer que "el Ayuntamiento está siendo instrumentalizado por una disputa privada".