El Pacto Local destinará 10.000 millones para políticas sociales

La Junta de Andalucía transferirá las políticas sociales a los ayuntamientos en el año 2000, tras el acuerdo que tiene previsto cerrar en la comisión sectorial constituida en el seno del Pacto Local para concretar esta materia y aprobar el decreto regulador del traspaso a finales de año. Así lo anunció ayer el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, que señaló que la cifra estipulada para esta transferencia será de 10.000 millones de pesetas. Estos deberán ser aportados a partes iguales entre las tres administraciones. Por ello, solicitó un "ajuste" del Plan Concertado de Servicios Sociales Comunitarios que establezca la igualdad de la colaboración económica entre administraciones. Pérez Saldaña señaló que hasta ahora el Estado aporta el 15%, la comunidad autónoma un 25% y el resto lo ponen los ayuntamientos. La idea que maneja el titular de Asuntos Sociales andaluz es igualar las contribuciones de las distintas partes en este apartado. Pérez Saldaña explicó que la comisión técnica que está estudiando actualmente el proyecto de decreto, que fue presentado ante la comisión de la Federación Andaluza de Municipios (FAMP), tiene hasta finales de septiembre para elaborar su propuesta. El consejero espera que en el mes de octubre se pueda negociar el documento definitivo, del que resaltó su "gran importancia por ser el primer acuerdo del Pacto Local que se realiza", añadió. Firme, en octubre El decreto tendrá entonces que pasar "lógicamente", según afirmó ayer Pérez Saldaña, la tramitación correspondiente. Esto supone un plazo de tres meses, con lo que el acuerdo se formalizará en el mes de octubre, para que al finalizar el año se pueda llegar a la transferencia "real" de una primera fase de políticas sociales hacia las corporaciones locales. "El decreto por el que se transfieren los servicios sociales comunitarios tiene que ser un objetivo claro y cerrado para el año 2000, con sus recursos económicos incluidos, al igual que el mapa de servicios sociales que concrete lo que será el cuarto pilar del Estado de bienestar". El Gobierno andaluz pretende planificar estos servicios para evitar una falta de homogeneización del sistema y favorecer una gestión "igualitaria" en toda la comunidad. A la par de este control y de modo complementario, la gestión de los mismos corresponderá a los distintos ayuntamientos.