"No habrá una dictadura en Venezuela"

ENVIADO ESPECIALLuis Miquilena, 83 años, presidente de la todopoderosa Asamblea Nacional Constituyente (ANC), afirma que se ha robado tanto en Venezuela, ha sido tanta la corrupción de los tres poderes del Estado, tanta la injusticia social en esta rica nación petrolera durante los cuatro decenios de hegemonía bipartidistista, que los radicales cambios estructurales en marcha son inevitables pese a que diversos sectores niegan a la Asamblea Nacional Constituyente las facultades legales para ejecutarlos. "No hay ninguna posibilidad de dictadura en Venezuela", agrega en una entrevista concedida a EL PAÍS. "Juéguese la cabeza". Rechaza asimismo que el Gobierno vaya a aplicar un programa económico intervencionista. "Creemos en el libre mercado".

Miquilena, que fue militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y de la Unión Repúblicana Democrática (URD), sufrió persecución y torturas durante la dictadura del teniente coronel Marcos Pérez Jiménez (1952-58), y hoy es uno de los hombres más influyentes de Venezuela y de mayor peso en la coalición de Gobierno.

Saliendo al paso de las denuncias en sentido contrario, asegura que el presidente, Hugo Chávez, el comandante de paracaidistas que en 1992 encabezó un golpe de Estado contra el Gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992, por considerarlo ilegítimo y corrupto, es un hombre de pensamiento y demócrata. "Pocos hombres de Venezuela tienen una mentalidad tan profundamente democrática y limpia".

Miquilena anticipa que pronto comenzará el encarcelamiento de personas con expedientes por corrupción, y destaca que la imagen negativa del proceso en el exterior de Venezuela no es fruto de la información sino de las falsedades o del desconocimiento de las leyes y medidas desarrolladas para sanear la economía y garantizar un marco jurídico a los inversores.

La definitiva composición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el proceso de nombramiento de los magistrados, serán determinados en la nueva Constitución.

En su opinión, la presidenta del Supremo, Cecilia Sosa, sabía que iba a ser destituida porque había vencido su periodo de mandato, y aprovechó la oportunidad para renunciar antes dando un portazo, advirtiendo de que peligra la democracia.

Pregunta: ¿Hay peligro de involución en Venezuela?

Respuesta: Descártelo. Juéguese la cabeza. Aquí estamos gente, entre ellos José Vicente Rangel [ministro de Asuntos Exteriores], que nos hemos jugado todo, la vida, por las libertades por los derechos del ser humano, por la justicia. No hay ningún vestigio de posibilidad de dictadura de ninguna naturaleza. Eso son deformaciones absolutamente interesadas que se hacen fuera del país, sin asidero con la realidad. No ha habido una gota de sangre, un atropellado, un preso, ningún editor o periodista que ni siquiera haya sido llamado por nosotros por teléfono para pedirle moderación. Y eso a pesar de que a ningún presidente de toda la historia del país se le ha dicho la mitad de lo que se le ha dicho al presidente de la república.

P. Usted despacha habitualmente con Chávez. Se le supone un militar de ordeno y mando.

R. Ésa es otra cosa de la que la gente no tiene ni idea. Él proviene del Ejército pero hay en Venezuela pocos hombres que tengan una mentalidad tan profundamente democrática y limpia como el presidente. Es un hombre de diálogo, de pensamiento. Nosotros tenemos con él verdaderas tenidas [debates] de discusión y es un hombre que oye, que nos oye a todos, y que está pendiente de la opinión de los demás. Tiene conciencia de que él no lo sabe todo, que necesita de la ayuda de quienes estamos con él. Capta las realidades.

P. La Asamblea Nacional Constituyente está modificando drásticamente el mapa político. La oposición le niega carácter originario, la facultad para sustituir a los poderes constituidos.

R. Desde el punto de vista doctrinario no hay sino la Asamblea Constituyente originaria. En eso están de acuerdo todos los tratadistas porque hay que diferenciar entre lo que es una Asamblea Constitucional y lo que es Asamblea Constituyente. La denominada Constitucional está llamada a hacer reformas constitucionales. La Asamblea Constituyente, por su propia estructura, origen, por lo que se establece en la doctrina, es originaria y está destinada a la transformación sustantiva de todas las estructuras de un país.

P. La oposición también esgrime argumentos jurídicos para negar ese carácter originario, facultades plenipotenciarias.

R. Aquí primero se dijo que la Asamblea Constituyente no podía ser convocada porque como no estaba prevista en la Constitución era inconstitucional, y el solo hecho de convocarla tenía un carácter subversivo, tenía toda la connotación de un golpe de Estado. Cuando todo el país quedó impregnado por la necesidad de la Asamblea Constituyente cambiaron el mensaje. Entonces dijeron que sí, pero que se hiciera una Asamblea Constituyente estrictamente para elaborar una Constitución.

P. Pero podían haber esperado a la ratificación de la nueva Carta Magna para incorporar los cambios en su letra.

R. No era posible. Los problemas en el poder judicial eran muy graves. Encontramos casos de presos que tienen 20 años de prisión cumplidos y ni siquiera les han formulado cargos todavía: el 80% de los presos no tiene sentencia. Se matan en la cárceles porque están sobrecargadas, porque en los tribunales, los que están procesados, no tienen amparo de ninguna naturaleza, la justicia no funciona. Y esto ocurre en todos los niveles del poder judicial. La corrupción entre los jueces es algo verdaderamente espectacular. No podíamos esperar, ni podemos.

P. Se les imputa avasallamiento, concentración de poderes, el cierre de espacios a la pluralidad.

R. Todo lo contrario. Yo he sido un hombre que he luchado toda mi vida dentro de las minorías. Nuestros adversarios consideraban que esto era un movimiento nuevo, que tenía muy pocas figuras importantes que presentar ante la opinión pública, e impusieron la elección nominal y directa [el 25 de julio]. Esa elección nominal trae como resultado que son todos o nada. No hay la representación de las minorías. Se metieron un autogol, pensaron que iban a barrer y el 90% la Asamblea Constituyente pertenece hoy a nuestro movimiento.

P. Con esa mayoría pueden acomodar los nuevos poderes a su antojo, coparlos.

R. No será así. Hemos establecido como norte que una de las grandes perversiones que ha tenido esta política de los últimos cuarenta años es el clientelismo, que sólo los amigos de los Gobiernos que nos han antecedido tenían cabida en la gestión pública. Nosotros hemos establecido dos parámetros fundamentales: que el individuo tenga capacidad y honestidad para ejercer cargo público.

P. ¿Cómo se articula el poder moral que ustedes proponen como eje de la nueva administración de Venezuela?

R. Uno de los más grandes daños que se le ha hecho al país en estos años ha sido la destrucción moral del venezolano. La moral, la formación del nuevo venezolano, empieza desde las escuelas, pero en términos concretos, el Poder Moral [incluido como organismo en el proyecto de Constitución] deberá estar compuesto por el Ministerio Público o la Contraloría de la nación [Tribunal de Cuentas] y por el defensor del Pueblo, con poder real, de decisión. La Contraloría presenta todos los años informes tétricos de todos los desaguisados que se cometen en el país. Y se archivan.

P. ¿Tanto piensan ustedes que se ha robado en Venezuela como para ir con tantas prisas en las reformas?

R. La medida de lo que se ha robado la tiene usted en imaginar que llegamos a tener el precio del barril de petróleo en 37 dólares, exportando dos o tres millones de barriles diarios. Y fue la época del mayor endeudamiento. Es decir, hemos gastado en los últimos 20 años por los menos 50 veces lo que se gastó en el Plan Marshall [ejecutado por Estados Unidos] para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Gastados quiero decir robados, dilapidados. Y, sin embargo, somos uno de los países más endeudados del mundo, con un nivel de miseria del 80%, y un nivel de desempleo del orden del 25%.

P. Los más radicales reclaman que se encarcele de una vez a los responsables corruptos

R. Así es. Pero nosotros no podemos meter a la gente en la cárcel a través del poder Ejecutivo. Si teniendo el respeto que tenemos por los derechos ciudadanos y la independencia de los poderes se nos acusa dictadores, imagínese qué significaría que directamente empezáramos a meter a la gente en la cárcel porque nosotros dijéramos que son corruptos, y sabemos que lo son. Eso lo hará el poder Judicial que nosotros hemos declarado en emergencia. Y usted verá que, de aquí en adelante, va a aparecer bastante gente en la cárcel de esos delincuentes.