La sequía obliga al Infoca a mantener la alerta por el riesgo de incendios durante seis meses más La Consejería de Medio Ambiente vaticina un incremento de los siniestros en otoño
![Alejandro Bolaños](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Ffeea00e5-b137-42b1-ba1b-f5ebf33d151f.png?auth=bfe8b0a84668bb5389bc2cc6006bab5ee7b912875154facd406e86599ce27674&width=100&height=100&smart=true)
La preocupación de los responsables del plan Infoca tiene color, el que detecta el satélite en la superficie andaluza. "En la imagen, casi todo es rojo, la curva de estrés de la vegetación es ascendente desde hace meses". Cuando Juan María Cornejo, máximo responsable del plan Infoca, habla de estrés en las plantas, se refiere a una "total ausencia de agua", que convierte a pinares y matorrales en "puro combustible". La escasez de lluvias que arrastra la región desde el invierno pasado, provocó que la Consejería de Medio Ambiente adelantara a abril la puesta en acción del dispositivo contra incendios. "Si sigue sin llover mantendremos el 100% de los efectivos hasta octubre, por lo menos", corroboró ayer el director general de Gestión del Medio Natural. La meteorología no deja lugar al optimismo. "Ya se puede decir que este año va a ser el más seco desde que se recogen datos de precipitaciones", es decir, desde hace más de 50 años. Cornejo añade otro parámetro más: la temperatura media no para de crecer desde hace décadas, "lenta pero progresivamente". Y, sin embargo, la superficie quemada hasta ahora en lo que va de 1999 no ha sido excepcionalmente grande, sobre las 5.500 hectáreas. Los números apuntan a que será más que en los últimos tres años (muy húmedos), pero aún dentro de los márgenes del promedio de la década (11.000 hectáreas quemadas). Y sobre todo, muy lejos del annus horribilis: casi 2.000 siniestros hicieron arder más de 60.000 hectáreas en 1991. De todos modos, el máximo responsable del Infoca no se confía. "Algunos de los más grandes incendios se han producido fuera del verano, en abril, mayo, septiembre y octubre", explicó. Y las condiciones en las que va a iniciarse el otoño -"óptimas para la propagación del fuego", man-tiene-, vaticinan un incremente de los siniestros en los próximos meses. Cornejo se mostró satisfecho con la labor de los 4.000 trabajadores fijos discontinuos y 1.000 funcionarios que forman el Infoca. "La vigilancia está funcionando mejor, hay un incremento de los siniestros que se quedan en conatos", dijo. Los mapas de previsión que estudian cada mañana los técnicos de Infoca y del Instituto Nacional de Meteorología señalan ahora a las provincias orientales como las que concentran mayor riesgo. "El viento es un factor decisivo, y ha estado soplando levante y sobre todo terral, que en Málaga puede ser muy peligroso si hay fuego", indicó. El mayor incendio declarado en lo que va de año, que arrasó la pasada semana algo más de 2.300 hectáreas en Sierra de Cázulas (Granada), ha provocado críticas de grupos ecologistas y del Partido Popular a la gestión forestal de la Consejería. "El fuego se inició en una finca privada", se defendió Cornejo. Los responsables de Medio Ambiente en Granada han aducido estos días que, además, los propietarios de la finca no usaron las líneas de ayuda económica que establece la Consejería para financiar tareas preventivas.Para estos fondos, la Junta ha destinado este año 4.003 millones de pesetas. El número de solicitudes en toda la comunidad ha sido de 2.226, de las que, por ahora, la Consejería de Medio Ambiente ha concedido 1.025. La aportación pública puede llegar a cubrir el 75% del coste total de las labores, informa F. J. Titos. La reciente ley autonómica de Incendios (que entró en vigor el pasado 23 de julio), obliga a los dueños de montes privados a diseñar un plan de tareas preventivas, cuya ejecución será vigilada por la Consejería y que podrá financiarse igualmente con subvenciones autonómicas. Sin embargo, este artículo no será aplicable hasta el próximo año. Medio Ambiente tampoco empezará a cobrar hasta el 2000 la tasa por extinción de incendios a los propietarios de los terrenos quemados. La ley establece que los dueños tendrán que pagar hasta dos millones de pesetas (si la superficie excede las 1.000 hectáreas) por los servicios públicos movilizados para apagar el incendio.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.