El fiscal pide seis años de cárcel para el gerente de Resisa por contaminar el Tordera

El fiscal de Medio Ambiente, José Joaquín Pérez de Gregorio, solicita una pena de seis años de cárcel y una multa de 7,5 millones de pesetas para Martí Cucurella, gerente de la empresa Resinas Sintéticas, SA (Resisa), de Sant Celoni (Vallès Oriental), por el vertido de aguas residuales tóxicas a la cuenca de la Tordera. El fiscal considera que los vertidos con elevadas concentraciones de dioxanos contaminaron 97 pozos de captación de agua y el acuífero de la cuenca entre el Montseny y el Mediterráneo. El vertido afectó el suministro de agua potable de Blanes, Fogars, Maçanet y Tordera, en la comarca de la Selva, y Arenys, Calella, Canet, Lloret, Palafolls, Pineda, Tossa, Sant Pol y Santa Susanna, en el Maresme. Ello obligó a la construcción de una planta potabilizadora en Palafolls para garantizar el suministro de la zona. La denuncia se produjo a raíz de un informe de la Junta de Saneamiento de diciembre de 1994 que detectó la presencia de dioxanos y dioxolanos en los pozos de captación de agua de boca. El documento fue trasladado a la Fiscalía de Medio Ambiente, y algunos consistorios, como el de Sant Celoni, también se personaron en la acusación particular. A pesar de que la Junta de Saneamiento instó a la empresa a suspender los vertidos en julio de 1994, un informe de los Mossos d"Esquadra de octubre de 1995 señalaba que Resisa mantenía esta actividad "aprovechando especialmente las horas nocturnas". La fiscalía sostiene que en una inspección de los Mossos en compañía del responsable de medio ambiente de la empresa, Albert Montané -para quien también se piden dos años de cárcel y seis millones de multa-, observaron que durante la noche el caudal de los vertidos aumentaba "por razones puramente crematísticas".