Diez meses de "respeto a la justicia" de José María Aznar

En su primera declaración tras el arresto del general Augusto Pinochet en la noche del viernes 16 de octubre de 1998 en Londres, durante la cumbre iberoamericana de Oporto, celebrada dos días después, tras pedir "respeto y prudencia", José María Aznar dijo: "El Gobierno no será instado por nadie o nada. Podrá recibir o no recibir peticiones, podrá estudiar o no podrá estudiarlas en función de que las reciba o no las reciba, y del fundamento de esas peticiones..., pero, desde luego, no voy a adelantar nada hasta que no sepa el fundamento real de los hechos".El presidente añadió: "Estamos ante un asunto que no sólo afecta a personas, sino a muchas sensibilidades diferentes en países distintos, y que también tienen derecho a decir lo que opinan y pueden decir muchas cosas, incluso decir cosas de España". O sea: Aznar teme al "tú más", a que puedan "incluso decir cosas de España".

Aunque manifestó su resistencia a comentar el asunto, ya desde el primer momento Aznar estaba al corriente de la orientación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. "No es cuestión de manifestar opiniones sobre lo que es una decisión judicial. Puede haber un juez en determinado país, esta vez España, que entienda que dentro de sus atribuciones está la de investigar determinados hechos en otros países. Puede haber fiscales en España, la Fiscalía General, que pueda entender que no entra en la competencia de los jueces tales decisiones y, por tanto, impugne esas decisiones. Nuestra posición es respetar la decisión final de la justicia".

Ese mismo día, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió el auto de prisión de Pinochet dictado por el juez Garzón en la tarde del 16 de octubre de 1998. Un día más tarde, el lunes 19, en Bayona, en un encuentro de presidentes de la Internacional Demócrata Cristiana (IDC), Aznar explicó que los presidentes actuales de Chile, Eduardo Frei, y de Argentina, Carlos Menem, "han marcado y están marcando hitos en la historia de sus países". Frei acudió a esa reunión, pero canceló su viaje de Bayona a Madrid en protesta por el procedimiento en marcha contra el general Pinochet.

Un Aznar más relajado volvía sobre el asunto al día siguiente, ya en Madrid. "En función del final de los recursos,hasta es posible que esto no pueda llegar al Gobierno. A lo mejor, ni se tiene que pronunciar", declaró en una rueda de prensa en La Moncloa con el presidente de Panamá, Eduardo Pérez Balladares. Ese mismo día trascendía que el pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se reuniría la semana siguiente para resolver los recursos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la jurisdicción española en los casos de Chile y Argentina. El Gobierno, según trascendió, confiaba en que la citada sala rechazaría la jurisdicción, lo que equivaldría a anular la orden de detención internacional y el auto de prisión del ex dictador.

Aznar solicitó "prudencia y respeto con la democracia y justicia chilena y, especialmente, con su presidente, Eduardo Frei"; y agregó: "Pido respeto desde una democracia como la española, que no tiene cuentas con el pasado, para todas las democracias hermanas de Iberoamérica, para las que hay y las que pueda haber en el futuro".

Es interesante la nueva racionalización hecha por Aznar ese mismo día: "Hay que buscar el bien mejor; con el afán de que actúe la justicia con los dictadores por abusos de poder, se pueden poner en riesgo vidas humanas en aquellos otros países en los que perviven dictaduras".

La ex primera ministra, la baronesa Margaret Thatcher, salía en defensa de Pinochet mediante una carta que publicaba en primera página el periódico The Times de Londres el 22 de octubre, en la que expresa su preocupación por la situación interna de Chile.

En la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de Pörtschach, el primer ministro, Tony Blair, se limitó a señalar, el 25 de octubre de 1998: "España ha pedido su extradición y ahora hay un tribunal que se ocupa de ese asunto". En realidad, todavía no se había enviado la solicitud de extradición, aunque España sí había anticipado que si llegaba la petición se encargaría de cursarla. Aznar, en una rueda de prensa, dijo: "Me preocuparía que nosotros tuviésemos unas actitudes irrespetuosas, no comprensivas con las democracias iberoamericanas. Lo más importante es que no se hagan disparates, convirtiendo este tema en un asunto político, lo que no lleva a ninguna parte buena".

Pero Aznar también establece su línea, por así decir, estratégica: "La relación con Iberoamérica es fundamental para nosotros y hay que ponerla por encima de cualquier otra circunstancia. Y de todos los temas, probablemente el menos importante es el económico. Lo que hace falta es respeto hacia las democracias latinoamericanas, que deseamos que se desarrollen, que sean maduras. Nuestra democracia tiene 20 años, y esperemos que sea para siempre. Pero igual que a nosotros nos gusta que nos respeten, debemos respetar a los demás".

Tres días más tarde, el Gobierno de Aznar parecía ver la luz del túnel. El Alto Tribunal de Justicia británico admitía un recurso de la defensa de Pinochet y concedía a éste la inmunidad como ex jefe de Estado frente a los delitos de genocidio, terrorismo y tortura. Pero, atención, el tribunal, por la trascendencia del caso, permitió apelar la resolución ante la Cámara de los Lores. La idea del Gobierno era que la apelación sería desestimada y que la pesadilla terminaría.

El 2 de noviembre de 1998, Aznar, tras visitar en Londres a Blair, respondió a las preguntas de la prensa en el número 10 de Downing Street. "Hemos dedicado menos de 30 segundos al asunto Pinochet", dijo. Por separado, ambos coincidieron: "Reiterar el respeto a las decisiones judiciales".

El pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaraba el 5 de noviembre, contra las previsiones del Gobierno, la jurisdicción española en los casos de Argentina y Chile. Al día siguiente, el Consejo de Ministros aprobaba la solicitud de extradición de Pinochet al Reino Unido. Todas las encuestas de opinión pública señalan, poco después, un gran apoyo al Gobierno, "sobre todo" por haber cursado rápidamente la solicitud de extradición de Pinochet. Varios días más tarde, Aznar asume por primera vez, sin el escudo verbal del "respeto a las decisiones judiciales", la posición de la Fiscalía General del Estado.

En las preguntas de la sesión de control parlamentario, el Gobierno, el 11 de noviembre, ante una pregunta de si va a destituir al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por su actitud contraria a la investigación del caso Chile y por sus recursos contra el auto de prisión y de arresto de Pinochet, Aznar explica: "No se destituirá al fiscal general del Estado por el hecho de haber defendido una interpretación legítima de la legislación española". El 25 de noviembre de 1998, poco antes del primer fallo de la Cámara de los Lores, los asesores de Aznar en La Moncloa manejan con certeza el dato de que la inmunidad de Pinochet será confirmada, lo que permitirá su devolución a Chile. Esa tarde se dicta la sentencia en Londres: la Cámara de los Lores, por tres contra dos, revoca la inmunidad del ex dictador.

El mismo día, el Congreso aprobó una propuesta favorable a la extradición, presentada horas antes de la decisión de los lores por los socialistas, en la que solicitaba la máxima colaboración del Gobierno con las actuaciones judiciales contra el ex dictador. El Grupo Popular apoyó la iniciativa. Aznar declaró: "La decisión británica no tiene por qué afectar a las relaciones de España y Chile. No ha habido ninguna amenaza a esas relaciones y no va a haberla".

Aznar comienza el día siguiente a expresar más claramente lo que piensa. Tras un encuentro con el presidente del Gobierno italiano, Massimo D"Alema, ambos coinciden en que la decisión británica "pone de manifiesto la necesidad de un Tribunal Penal Internacional como el creado recientemente por Naciones Unidas". Esta posición era tanto más extraña cuando desde el 5 de noviembre era un hecho que los tribunales españoles habían afirmado su "jurisdicción universal" en el caso. Aznar, al atacar oblicuamente con el Tribunal Penal Internacional, mantenía la misma posición que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, derrotada el citado día.

Días después, al recibir el 1 de diciembre la visita del canciller chileno, José Miguel Insulza, el presidente del Gobierno dijo que España "no obstaculizaría una decisión del Gobierno británico en favor de la liberación por razones humanitarias". Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores, declara, tras su entrevista con Insulza, que, después de haber presentado la solicitud de extradición de Pinochet, "no le compete al Gobierno español ninguna particular actuación en este caso, salvo acatar la decisión de las autoridades británicas competentes, lo que hará cualquiera que sea ésta".

El 9 de diciembre de 1998, el ministro de Interior británico, Jack Straw, transmitió por escrito su decisión, adoptada con carácter "cuasijudicial": es favorable a que comience el procedimiento de extradición por los delitos de tortura, conspiración para tortura; asesinato, conspiración para el asesinato; desaparición de personas y conspiración para hacer desaparecer personas.

Esta decisión obliga a Pinochet a comparecer, el 11 de diciembre de 1998, por primera vez ante un juez, el magistrado Graham Parkinson, en el tribunal de alta seguridad de Belmarsh. Pero un día antes, Garzón dicta el auto de procesamiento del ex dictador. Chile anuncia entonces sanciones como la suspensión de cualquier contacto bilateral o de alto nivel con cualquiera de los dos países. Blair señaló en la cumbre de la Unión Europea de Viena: "Lamento la decisión chilena". Aznar, por su parte, dijo: "La decisión corresponde al Gobierno chileno. Respeto completamente las decisiones que pueda adoptar".

La posibilidad de explorar una salida negociada al caso Pinochet tuvo una primera expresión durante la visita del presidente del Senado chileno, el democristiano Andrés Zaldívar, a Aznar el 17 de diciembre de 1998. Zaldívar le solicitó "que sea un Tribunal Internacional de Justicia" el que decida qué país y qué institución es competente para juzgar a Pinochet". Al abandonar La Moncloa, el líder democristiano explicó que Aznar "se mostró en todo momento abierto a que se estudie cualquier tipo de salida" en torno al caso Pinochet. Matutes, junto a Zaldívar ante la prensa, dijo que aportar "propuestas nuevas y contructivas" para encontrar una salida era algo "muy inteligente".

En esas fechas, la Cámara de los Lores deja sin efecto la sentencia del 25 de noviembre de 1998, tras un recurso de la defensa de Pinochet en la que denuncia la relación de uno de los jueces lores -lord Leonard Hoffmann- con Amnistía Internacional, entidad que intervino en el recurso de apelación. Semanas antes del nuevo fallo, el ministro Josep Piqué maneja la información de que los jueces lores resolverán, esta vez, confirmar la inmunidad, lo que permitirá el regreso de Pinochet a Chile. El 24 de marzo de 1999, los jueces lores deciden que Pinochet no es inmune a partir del 8 de diciembre de 1988, fecha en la que en el Reino Unido y en España la tortura puede ser considerada de "doble incriminación" y, por tanto, es un delito de extradición. El 14 de abril de 1999, el ministro Straw vuelve a resolver que la extradición debe seguir adelante por los delitos establecidos en el fallo de los lores: tortura y conspiración para tortura a partir del 8 de diciembre de 1988.

En la segunda quincena de junio de 1999, Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda del Gobierno español, incluye una visita a Chile al preparar un viaje a Brasil y Argentina para julio. Al hacer los preparativos del viaje, el Gobierno de Frei comunica a España que la visita no se considera conveniente y aconseja suspenderla.

El 28 de junio de 1999, con ocasión de la reunión cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Río de Janeiro, el Gobierno de Chile espera una respuesta positiva, basada en varias conversaciones bilaterales, del Gobierno español sobre un arbitraje amistoso entre Chile y España.

En la entrevista que mantienen ese día Aznar y Frei, éste le informa del presunto deterioro de salud del general Pinochet, de su diabetes y sus problemas cardiorrespiratorios. Aznar aprovecha para reiterar que su Gobierno no pondrá objeciones si la justicia británica decide enviar a Pinochet a Chile por razones humanitarias. Matutes expresa con mayor amplitud la verdadera orientación del Gobierno al manifestar la disposición del Gobierno español a "buscar soluciones que sean conformes a Derecho".

En la misma reunión de Río, el Gobierno español ha comunicado al nuevo canciller chileno, Gabriel Valdés, que los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores desaconsejan un arbitraje amistoso. Finalmente, el 11 de julio de 1999, Matutes escribe, en una carta publicada en Chile, que el Gobierno "accedió a transmitir oficialmente, a través del Ministerio de Justicia,toda la información disponible que había solicitado el Gobierno de Chile sobre las actuaciones del Ministerio Fiscal al oponerse a los diferentes pasos procesales adoptados por el juez, junto con las razones alegadas por la fiscalía". En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Gabriel Valdés, "agradece el envío" de dictámenes internos del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Matutes, en sintonía con Aznar, está dispuesto a avanzar hacia el arbitraje amistoso con las autoridades chilenas en el marco del Convenio Contra la Tortura, antes de acudir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya con la controversia. Ambos han tomado la decisión de consultar sobre dicho mecanismo al Consejo de Estado para saber si es preceptivo llevar el asunto al Congreso, dado lo avanzado del procedimiento, antes de acordar el arbitraje.

En el terreno judicial, la Fiscalía de la Audiencia Nacional eleva un escrito, el 29 de julio, a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sección tercera, para que se deje "en libertad a Pinochet" -como si éste estuviera preso en Madrid-, ya que han transcurrido más de cinco meses desde que se recurriera el auto de prisión del juez Garzón sin que hubiera resolución.

En el terreno político, el Gobierno busca el apoyo del PSOE, para lo que Matutes se entrevistó con Joaquín Almunia, su secretario general y candidato a la presidencia. Éste nada tiene que decir a la idea de consultar al Consejo de Estado, pero advierte de que se opondrá al arbitraje y que es favorable a que siga el proceso de extradición.

El 3 de agosto, el juez Garzón resuelve por providencia enviar oficios al Ministerio de Asuntos Exteriores para que informe sobre la existencia del pacto para el "arbitraje amistoso", así como sobre qué materiales se entregaron al Gobierno de Chile, a fin de determinar si ha habido una posible intromisión en su jurisdicción.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre la providencia y ataca al juez por inmiscuirse en el poder político. El 6 de agosto, la Fiscalía General del Estado apoya públicamente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tanto en su petición de libertad de Pinochet como en el recurso a la decisión de Garzón de pedir información a Matutes.

El presidente del Gobierno, en su rueda de prensa en el palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, advierte, el 9 de agosto: "Las relaciones exteriores de España, incluidas las relaciones con Chile, corresponden al Gobierno de la nación, no a ningún tribunal de justicia. Me gustaría que el mismo celo y el mismo respeto que el Gobierno pone para las decisiones de los tribunales y para la independencia judicial se pusiera por todos los tribunales para lo que es el ejercicio de competencias que corresponden al Gobierno".

La aparente irrespetuosidad del juez Garzón ha consistido en solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores una confirmación sobre la negociación del llamado "arbitraje amistoso" y una precisión sobre los documentos que, según una carta del propio Matutes, se han entregado al Gobierno de Chile, que no es parte personada en el procedimiento español.

El resumen de todas las intervenciones de José María Aznar revela, como mínimo, dos cosas: ha apoyado más activamente de lo que puede creerse la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la jurisdicción de España; nunca ha incorporado en sus definiciones una referencia a las víctimas españolas de la dictadura de Pinochet.

Un doble rasero que no ha estado presente en la conducta de los colegas europeos de Aznar. En el Reino Unido, Francia, Bélgica, Suiza e Italia, la respuesta de los Gobiernos ha sido respaldar -no ser simplemente buzón- la acción de la justicia. Y Estados Unidos acaba de desclasificar material secreto sobre los métodos y actividades de Pinochet y sus amigos por si ello puede servir a la investigación de los abusos de los derechos humanos y desapariciones durante la dictadura, al tiempo que ha abierto una colaboración judicial con España en el caso Letelier.