CiU obliga al PP a investigar al delegado del Gobierno Carlos Moro en el "caso lino"

Los grupos parlamentarios presentaron ayer las conclusiones de la comisión que durante dos semanas investigó el presunto cobro irregular de subvenciones en el cultivo del lino por parte de altos cargos del Ministerio de Agricultura. PP, CiU y Coalición Canaria, en un informe conjunto, exculpan a la ex ministra Loyola de Palacio de cualquier responsabilidad en el caso. No obstante, CiU ha forzado al PP a admitir que se investigue la actuación del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro.

Frente al informe de conclusiones exculpatorio del PP y de sus aliados parlamentarios, la oposición en bloque (PSOE, PNV, Grupo Mixto e IU) considera a la ex ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, "políticamente culpable" por haber permitido que varios de los altos cargos que nombró -el ex presidente del FEGA, Nicolás López de Coca; el director de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla, y el ex director financiero de Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz- se beneficiaran directamente, o a través de familiares, de las elevadas subvenciones europeas a un cultivo, el lino, que en España carece de utilidad comercial conocida.En la oposición, sin embargo, hay alguna diferencia de matiz. Aunque todos los grupos comparten la conclusión principal -Loyola de Palacio es responsable de una trama de altos cargos que existió y se benefició económicamente-, IU considera que las comunidades autónomas tenían competencias suficientes para haber controlado más un cultivo que creció en superficie un 1.261% en apenas tres años. Pese a presentar su propio informe, IU se sumará el día 17 al voto particular que presentará toda la oposición para su debate, en pleno del Congreso, en el mes de septiembre.

Presión de CiU

La única concesión del PP y de sus aliados en el caso lino, al que tildan de "montaje electoral" del PSOE, es la inclusión, en su informe de conclusiones, de una petición dirigida a la Inspección General de Servicios de la Administración para que examine la situación del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, quien admitió que compatibilizaba sus tareas como único representante de la Administración central en la comunidad autónoma con la condición de "empresario agrícola". Moro y su esposa han percibido más de 80 millones de pesetas en subvenciones por el culitvo del lino y ostentan la condición de ser los principales cultivadores de lino en Cuenca.El PP ha aceptado incluir en el informe las "dudas" sobre la situación de Moro más que a regañadientes y por indicación de CiU. En la Comisión de Investigación, el diputado popular y portavoz Jaime Ignacio del Burgo hizo una encendida defensa de su "amigo personal" Carlos Moro y recordó su trayectoria en el Partido Demócrata Popular y en la fundación Humanismo y Democracia. Ayer mismo, otro diputado popular, José Madero, al mismo tiempo que presentaba oficialmente el documento en el que se contenían las "dudas" sobre la actuación de Moro, señalaba que su grupo "no tiene absolutamente ninguna duda sobre el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, ni sobre su compatibilidad".

Sólo la presión de CiU, y en menor medida de Coalición Canaria, grupos a quienes sorprendieron y disgustaron las explicaciones que ofreció en el Congreso el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, ha impedido que la investigación sobre el escándalo del lino se cerrara sin consecuencia ninguna. En las conclusiones se asegura expresamente que en las industrias transformadoras de lino no existe un fraude "relevante" y que la investigación no permite sostener que los incendios registrados en las mismas "hayan servido para el cobro fraudulento de ayudas".

La presentación, ayer, de las conclusiones que se deberán votar en sesión extraordinaria el próximo día 17 provocó un nuevo cruce de declaraciones. El PP se reafirmó en la tesis de que el escándalo fue provocado por el PSOE con intenciones electoralistas, mientras CiU, a través de su portavoz, Josep López de Lerma, calificó al PSOE de "farisaico" por impulsar acusaciones que sólo son un "fraude a la opinión pública".

En el extremo opuesto, el diputado socialista, Francisco Amarillo, reiteró que Loyola de Palacio es responsable del caso ya que "amparó" una trama de altos cargos nombrados por ella misma e ignoró las advertencias sobre la existencia de irregularidades que llegaron a su departamento desde diferentes instancias, incluida la Comisión Europea. El diputado de IU José Luis Centella anunció que se sumará al voto particular de la oposición.