El alto cargo pidió un informe para disipar las "dudas" sobre su situación

Carlos Moro solicitó el 2 de agosto un informe a Administraciones Públicas para determinar si su actuación se ajusta o no a la Ley de Incompatibilidades; debió de intuir que sería implicado por su propio partido (y CiU) pese a las demostraciones de afecto del diputado popular Jaime del Burgo. Tenía razón: ha sido el único alto cargo que el PP ha aceptado incriminar (una "víctima propiciatoria", en palabras del protavoz socialista Francisco Amarillo).El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha asegura en un comunicado difundido ayer que en ningún momento ha hecho dejación de sus funciones públicas para beneficiarse de actividades incompatibles con su puesto en la Administración. Moro quiere disipar de una vez las dudas planteadas sobre su honestidad, cansado de "tener que demostrar permanentemente su inocencia", y con el informe quiere demostrar que ni "ha vulnerado la ley", ni dispuso de "información privilegiada", ni lideró una "mafia", ni provocó "los incendios de las fábricas de lino" [más de media docena].

Las actividades del delegado y de su esposa se remontan a 1994. El matrimonio Moro, sin intermediarios familiares (a diferencia de otros altos cargos que dimitieron al descubrirse sus ingresos), se convirtió en una importante empresa agrícola. Recibió más de 80 millones en concepto de "primas compensatorias" europeas por cultivar lino en fincas de su propiedad en Cuenca, figurando en primer lugar de la clasificación de cobradores de primas en esta provincia.

Moro asegura que esta actividad no afectó a su labor pública, y que no utilizó ésta para obtener beneficios irregulares.

El artículo 4 de la Ley de Incompatibilidades de 1995 hace compatibles el ejercicio de un puesto de alto cargo y la "administración de un patrimonio personal o familiar", siempre que no comprometa la independencia al desempeñar la función pública. Moro alega que el cobro de las primas es mera administración de unos bienes heredados antes de ser designado cargo público, y que siempre ha declarado sus riquezas en registros y declaraciones fiscales. "Dejar los terrenos baldíos supondría un deterioro patrimonial y conllevaría un repoche social", protesta.