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Los primeros análisis de la UE, contrarios al billón

El Gobierno pretendía inicialmente otorgar a las eléctricas 1,9 billones de pesetas como compensación por los costes de transición (CTC) de un mercado tradicionalmente cerrado a un mercado abierto a la competencia. Esa pretensión cayó enseguida a un máximo de 1,3 billones. Pero la intervención en el asunto por parte del comisario europeo de la Competencia, Karel van Miert, ha dejado ese billón en pura incógnita. [De hecho, el PSOE ya ha presentado una pregunta formal a la Comisión Europea para que aclare si tiene previsto suspender las ayudas a las eléctricas después de haberlas considerado como "ayuda pública ilegal", informa Europa Press].El ministro de Industria, Josep Piqué, ha intentado que fuera la Dirección General de Energía de la Comisión la que se ocupara del asunto, ya que ahí cuenta con un aliado de primera fila, el director general Pablo Benavides, español de nacionalidad y popular de afinidad política. El pasado 21 de enero, Benavides se tomó la libertad de aceptar una invitación de las compañías eléctricas y participó en Bruselas en un coloquio patrocinado por Iberdrola. Allí pasó de ser juez a tomar parte al criticar con gran dureza que en el caso español el debate sobre las compensaciones a las eléctricas hubiera trascendido a lo que llamó "la plaza pública". Apenas una semana después, Benavides y el Gobierno español sufrieron un enorme revés: a requerimiento de Van Miert, el ministro Piqué tuvo que admitir que los CTC se tramitaran a través de la Dirección General de Energía y como ayudas públicas, dependientes de Van Miert.

El 8 de julio, la posición del comisario recibió el apoyo del Colegio de Comisarios, que aprobó que todas esas compensaciones, pendientes de decisión no sólo en España, Austria, Dinamarca, Francia, Holanda y el Reino Unido, sean tramitadas como ayudas públicas. Eso significa que la Comisión acepta el principio de que las compañías eléctricas europeas puedan ser compensadas por su transición a un mercado abierto. Sin embargo, el monto de esas compensaciones será autorizado según la normativa de la Competencia, fijada en el artículo 87 del Tratado de Amsterdam. El tratado establece que sólo se admitirán ayudas públicas cuando éstas sean de carácter social o estén destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales u otros acontecimientos excepcionales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de agosto de 1999