La oposición clama contra el Gobierno por permitir actitudes "fascistoides" de la fiscalía

La extraña petición de libertad para el general Augusto Pinochet por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha servido a la oposición para interpretar que el Gobierno comparte tal posición y, en general, la actuación de la fiscalía en el caso Pinochet. CiU, el PNV, EA, IU, Nueva Izquierda y el PSOE demandan al Gobierno explicaciones y le emplazan a que las haga públicas en el Congreso de los Diputados a través del ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, al tiempo que solicitan la comparecencia del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y reclaman la destitución del fiscal Pedro Rubira. "A un Gobierno autoritario le gustan fiscales autoritarios", dijo con indignación el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ante el clamor de la oposición por la inactividad del Gobierno frente a la actitud que la fiscalía mantiene en el caso Pinochet -el fiscal Pedro Rubira ha pedido la puesta en libertad del ex dictador justificando que las torturas de su régimen eran "para originar terror" y no "para investigar hechos" y comparando al general chileno con el Rey de España-, los dirigentes del PP aguantaban ayer el chaparrón político como podían y se amparaban en su absoluto "respeto a todas las actuaciones judiciales".La proclamación de la "independencia" de los poderes del Estado la invocó de inmediato el portavoz de los populares, Rafael Hernando, quien tan sólo abrió una rendija a la crítica al calificar como "poco adecuada" la comparación de Rubira, en su escrito del 29 de julio, entre el Rey de España, en tanto que jefe de Estado, y Pinochet. El fiscal de la Audiencia Nacional sostiene que quienes tienen tal condición no están sujetos a responsabilidad penal, según la Constitución española.

El resto de los grupos políticos salieron en tromba a pedir explicaciones al Gobierno. Convergència i Unió, su socio fundamental, no ahorró adjetivos para describir su parecer sobre la actuación de la fiscalía en el contencioso sobre el ex dictador chileno. "Es una vergüenza para España que en la Audiencia existan fiscales con mentalidad fascistoide que mantengan la tesis de que es legítima la tortura para originar terror y que comparen al dictador Pinochet con el rey Juan Carlos", dijo su portavoz parlamentario, Josep López de Lerma, quien pidió al presidente, José María Aznar, que "se desmarque" inmediatamente de la fiscalía. Para López de Lerma, la comparación de Pinochet con el Monarca es "imprudente y estúpida: nunca jamás se puede comparar a ese dictador, a ese asesino, con el rey Juan Carlos".

El grupo catalán, así como IU, Nueva Izquierda, el PSOE, el PNV y EA han pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Exteriores, Abel Matutes, para que se explique, así como la del fiscal general, Jesús Cardenal.

Los primeros en enviar el escrito al Congreso fueron IU y Nueva Izquierda. Los demás lo anunciaron para hacer realidad la iniciativa el lunes. La característica de todos es establecer un hilo conductor entre las actuaciones de la fiscalía y la opinión del Gobierno sobre qué se puede hacer para que el ex dictador salga de su situación. El conocimiento de que el Gobierno chileno trata de llegar a un acuerdo con el español a través de un "arbitraje amistoso"; la petición de explicaciones del juez instructor, Baltasar Garzón, a Matutes, y la airada respuesta contra Garzón por parte de la fiscalía junto al sorprendente escrito de Rubira pidiendo la libertad del general configuran un cuadro que a la oposición le resulta intolerable.

"El Gobierno es responsable de las actitudes de quienes nombra, por lo que no le debe sorprender lo que hacen los fiscales. Es más, seguro que le agrada porque tiene lo que quiere. A un Ejecutivo autoritario le gustan los fiscales autoritarios", dijo el portavoz del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Diferentes portavoces de IU salieron también a la palestra para mostrar con palabras gruesas su indignación. "Si el fiscal pide la libertad de Pinochet es porque el Gobierno se lo ha pedido", dedujo Willy Meyer, portavoz de Justicia de IU. "La actitud de Matutes es sospechosa", añadió Felipe Alcaraz en relación a las conversaciones que mantiene con el Ejecutivo chileno para tratar "de buscar una salida al dictador". Desde el PP se niega que haya más hechos que los que se conocen, según aseguró su portavoz, Rafael Hernando, a este periódico. Es verdad que el Gobierno chileno trató de llegar a un "arbitraje amistoso" con el español, admitió, y que se pensó en consultar al Consejo de Estado, pero, pasados los días, ante el escándalo interno y la escasa o nula colaboración del PSOE, los populares y el Gobierno ven que no hay nada que hacer. "No ha habido ninguna consulta y no creo que la vaya a haber", dijo Hernando. "Y, desde luego, aunque hubiera tal arbitraje, no tendría consecuencias exculpatorias para Pinochet", concluyó.

El PP insiste en que la consecuencia de ese hipotético arbitraje habría sido que el ex dictador fuera juzgado en Chile "por todos los delitos" y no sólo por torturas.