Las asociaciones civiles califican de "terrorífico" el recurso del fiscal

"Terrorífico". Los portavoces de la Comisión contra la Impunidad, formada por más de 30 asociaciones civiles, criticaron ayer con apapasionamiento al fiscal Pedro Rubira. Su petición de que Augusto Pinochet quede en libertad y su recurso contra la solicitud de explicaciones por parte del juez Baltasar Garzón al ministro de Exteriores, Abel Matutes, sobre los documentos enviados a Chile les ha indignado.Aldo González, el presidente de la Comisión de Apoyo al Juicio de Pinochet, calificó la actitud de Rubira como "una postura inspirada políticamente" y "una intromisión impresentable" en el proceso contra "un dictador criminal y execrable". Susana García Iglesias, una de las abogadas de la acusación particular contra el general, se preguntó por qué los fiscales se dedican "a defender a Pinochet en vez de a las víctimas de crímenes de lesa humanidad". El colectivo entregó en el Ministerio de Exteriores, en el que nadie salió a recibirles, una carta dirigida al presidente, José María Aznar, para pedir que el España y el Chile no sustraigan esos delitos de la justicia.

Las noticias sobre una posible solución extrajudicial del caso Pinochet mediante un arbitraje, que implicaría la retirada por España de la demanda de extradición y la libertad del exdictador, demuestran, según este grupo, "la disposición del poder político [...] de cubrir de impunidad" sus delitos. Significaría "negar la independencia judicial, protegida en la Constitución", dijo el portavoz. Estas organizaciones solicitan también una entrevista con Matutes para ser "informados de los pasos llevados a cabo por el Ejecutivo español".

No hay unanimidad en España

El ministro chileno de Exteriores, Juan Gabriel Valdés, calificó ayer en Santiago como un "signo positivo" el recurso planteado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional que alega supuestas irregularidades en el proceso que lleva el juez Garzón contra Pinochet, informa Efe. "El hecho de que se planteen irregularidades demuestra que en la sociedad española no existe unanimidad respecto de la forma como se está conduciendo en el proceso contra el general Pinochet".A su vez, informa José Luis Barbería desde París, la Federación Internacional de las Ligas de los Derechos Humanos (FIDH), que agrupa a 105 organismos no gubernamentales y tiene carácter consultivo en la ONU, la Unesco y el Consejo de Europa, indicó ayer, por escrito, que considera a Aznar directamente responsable de la postura que vaya a adoptar España. Bajo el título de El fiscal español, al servicio de la razón de Estado... y de Pinochet, la FIDH semostró estupefacta por los argumentos esgrimidos por Rubira, quien, en su opinión, "hace tabla rasa de las obligaciones de España con respecto al derecho internacional". En el texto se exhorta al presidente español "a no ceder a las presiones de las autoridades chilenas" y se invita a la fiscalía "a abandonar las motivaciones políticas y a volver a la razón judicial".