Con las pensiones no se juega

No son un juguete que puede moldearse al gusto de cada político. Son algo tan serio que supone el mayor soporte de solidaridad entre los ciudadanos de las diferentes autonomías. Por ello, la Constitución reserva a la Seguridad Social una finalidad clara: mantener un régimen público, único y unitario para todos los españoles. Y por eso, las pensiones no pueden padecer veleidades políticas que engendren diferencias entre los ciudadanos en función del territorio en el que vivan. La consagración de estas diferencias parece que es el objetivo de la Junta de Andalucía al conceder ayudas para los pensionistas que ya cobran una jubilación e invalidez no contributivas. Estas ayudas rompen el espíritu del Pacto de Toledo y permiten que estos pensionistas andaluces perciban una cuantía superior a los del resto de España. Hay quien opina que el Tribunal Constitucional acaba de incorporarse a este debate, mediante un auto del 21 de julio, al levantar la suspensión de esta medida que fue recurrida por el Gobierno de la nación. El Alto Tribunal no ha entrado en el fondo del asunto -el conflicto de competencias entre el Estado y la Junta- aún cuando sus peculiares lecturas han abierto la espita de una bomba demagógica que puede "estallar" en otras comunidades (entre ellas Baleares y todas las que gobierna el PSOE). El Alto Tribunal fundamenta su decisión en el hecho de que este tipo de ayudas es extraordinaria, excepcional, y a percibir por una sola vez, pero la realidad puede ser más dolorosa y mucho más costosa. La interpretación abusiva y sesgada de este criterio puede dar lugar a que las comunidades autónomas, primero, y los ayuntamientos, más tarde, incrementen estas ayudas año tras año en una carrera frenética sin fin. Sin embargo, la aplicación de la medida de la Junta de Andalucía puede producir un efecto perverso que ha querido ser ocultado. Como es sabido, para ser beneficiario de las pensiones no contributivas se requiere carecer de rentas o ingresos suficientes, es decir, que los ingresos obtenidos por el interesado no superen una determinada cuantía fijada anualmente en los Presupuestos del Estado. Pues bien, con esta decisión de la Junta se podría dar el caso de que sumada esa "ayuda extraordinaria" a sus ingresos, el pensionista andaluz superara el límite anual de recursos, por lo que al final recibirá el mismo dinero que percibía antes de crearse esa ayuda. Las pensiones no contributivas fueron implantadas, con un amplio apoyo parlamentario, incluido el del Partido Popular, bajo el Gobierno del Partido Socialista, quien defendía en todo momento que estas prestaciones formaban parte del Sistema de Seguridad Social, y dejando fuera de toda duda que nos encontrábamos ante una materia de competencia exclusiva del Estado, tal y como se refleja en el Diario de Sesiones del Congreso. Hoy, desde la oposición, el Partido Socialista ha decidido actuar contra sus propios argumentos de una forma irresponsable. Y este mismo partido fue quien estableció cuál debía ser la cuantía de estas pensiones no contributivas y quien, sistemáticamente, se pronunció en contra de la postura de aquellas fuerzas políticas que propusieron incrementarlas. El actual Gobierno del PP, por el contrario, propugna la igualdad entre los ciudadanos y va a actuar en su defensa al amparo de la Constitución, de la misma manera que ha sido este Gobierno, y no otro, el que ha cumplido las recomendaciones del Pacto de Toledo para garantizar la viabilidad de nuestro Sistema de Seguridad Social. Precisamente en cumplimiento de este Pacto y de los acuerdos con los agentes sociales, también las pensiones no contributivas tienen garantizada por Ley su revalorización anual conforme al IPC, y también el Partido Socialista estuvo de acuerdo en que ésta, y no otra, debería ser la fórmula para actualizar su cuantía. La normativa ha permitido además que las pensiones no contributivas hayan experimentado en los últimos tres años un aumento en su poder adquisitivo de un 1,6% -comparable con el de los activos-, y que contrasta con la pérdida acumulada de un 0,24% a lo largo de los 13 años de Gobierno socialista; un periodo en el que no se puso en práctica ninguna medida para mejorar esta situación. El incremento del poder adquisitivo desde 1996 ha permitido a todos los pensionistas beneficiarse de la buena marcha de la economía y del saneamiento de la Seguridad Social emprendido por el actual Gobierno, pese a los problemas financieros a los que tuvo que enfrentarse. En 1995, el déficit de la Seguridad Social se situaba en el 0,72% del producto interior bruto, y en 1996 el Partido Socialista se "olvidó" de presupuestar el importe correspondiente a una mensualidad del gasto en pensiones, lo que obligó al nuevo Gobierno a solicitar un crédito extraordinario para hacer frente a una situación de grave emergencia financiera. Desde la oposición, su actuación no ha variado. En un momento en el que se está a un paso de alcanzar el equilibrio presupuestario del Sistema -la garantía de su viabilidad y su garantía de futuro-, el Partido Socialista se ha embarcado nuevamente en la guerra electoral de las pensiones. La desvertebración del sistema unitario de Seguridad Social está servida. Pero éste parece ser el camino elegido por el principal partido de la oposición que, a cambio de ofrecer "ayudas extraordinarias" de Seguridad Social (no de asistencia social), cuestiona las competencias exclusivas del Estado en un ejercicio de irresponsabilidad y provocación. Tal vez la primera cuestión que debamos resolver los españoles, si participamos de un debate sobre Seguridad Social, es la determinación del modelo territorial. ¿Queremos un modelo en el que las prestaciones cambien en función del lugar de residencia de los ciudadanos o, como parece indicar el sentido común, sin distinciones geográficas? A favor de esta última tesis obraría también la doctrina constitucional que muy pronto se vio obligada a precisar el concepto de servicios sociales por sus posibles efectos sobre el Sistema de Seguridad Social. La definición fue clara y sencilla: Servicios Sociales serían las actuaciones de administraciones locales o autonómicas que protegen situaciones no atendidas desde la Seguridad Social. Este esquema facilita la acción complementaria para cubrir las necesidades peculiares de ayuntamientos, diputaciones, cabildos y comunidades autónomas. Felizmente, la opinión del Tribunal Constitucional coincide con la de todos los ponentes del texto constitucional, dado que en España podemos consultar de manera directa lo que para otros sería un misterio: el espíritu de los legisladores. Si se admite, tal y como también ha expresado el Constitucional, que la utilización de fondos propios no legitima una invasión de competencias, el conflicto no debería adquirir especial intensidad en las dudas. Dado que la caricatura también ayuda a definir los rasgos básicos, imaginemos que una comunidad autónoma o un Ayuntamiento considerasen insuficiente la protección militar en su ámbito y justificasen así la adquisición de tanques o aviones de caza porque, eso sí, pagarían la factura con cargo a sus presupuestos. Soy consciente de que en términos sociológicos los gastos militares se sitúan entre los más antipáticos y los de pensiones causan simpatía, pero lo cierto es que unos y otros nacen de una igual ubicación constitucional. No quiero pensar que el hecho de ser, en su inicio, una actuación esporádica, se convirtiese en base lógica de justificación, máxime cuando se produce un aluvión de anuncios de actuaciones semejantes o de reiteración de lo ya actuado.

Juan Carlos Aparicio es secretario de Estado de Seguridad Social.