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Matutes pide ayuda al PSOE para aceptar el arbitraje no judicial de Pinochet

Almunia respondió al ministro que su partido no apoyará un acuerdo con Chile sobre el caso

El Gobierno de José María Aznar está a punto de aceptar, previa consulta con el Consejo de Estado, un arbitraje amistoso con el Gobierno de Chile para dirimir fuera del ámbito judicial la solicitud de extradición del general Augusto Pinochet. En relación con esa iniciativa, el Ejecutivo español ha sondeado al Partido Socialista Obrero Español para conseguir al menos la "no beligerancia" de la principal fuerza política de oposición. El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, que hasta el momento había considerado inviable dicho arbitraje amistoso propuesto por Chile, expuso la situación en un encuentro celebrado el pasado viernes 30 de julio, a su regreso de un viaje a Argel, al secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Joaquín Almunia. Si, por exigencias técnicas, la propuesta de arbitraje debiera ser llevada al Parlamento, el PSOE, según anunció Almunia a Matutes, se opondría al arbitraje ya que entiende que debe seguirse la tramitación judicial de la extradición de Pinochet. El proceso correspondiente ha sido convocado en Londres para el próximo 27 de septiembre. La primera indicación de las intenciones del Gobierno se produjo el pasado lunes, 26 de julio, cuando, aprovechando la coincidencia con el secretario general de PSOE, Joaquín Almunia, en el viaje a Rabat para asistir a los funerales del rey Hassan II, Abel Matutes anticipó al líder socialista que tenía necesidad de tratar con él el asunto de Pinochet. Ese mismo día, según un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID), llegó al despacho de Matutes una carta, fechada el 23 de julio, del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Gabriel Valdés. La misiva, publicada un día antes en la prensa chilena, urge en términos muy agresivos al Gobierno español a aceptar un arbitraje bilateral sobre la solicitud de extradición del general Pinochet. Valdés aspira a conseguir, a través de esa iniciativa, la rápida anulación de la demanda y el regreso a Santiago del ex dictador, que permanece en Londres bajo arresto domiciliario. Matutes se comunicó, en efecto, durante la semana pasada con Almunia para concertar un encuentro privado en la tarde del viernes 30 de julio, poco después de la hora en que el ministro pensaba regresar de Argel. Matutes anticipó por teléfono al candidato socialista que el Gobierno español pensaba remitir al Consejo de Estado la propuesta de Chile sobre un arbitraje bilateral para que el alto organismo dictamine, y añadió que el nuevo canciller chileno estaba presionando muy duramente en favor del arbitraje. El objetivo de la consulta será saber si es preciso que el Congreso y el Senado aprueben una ley para que el arbitraje pueda ser aceptado. Matutes indicó a su interlocutor que, dado el papel que había desempeñado el PSOE, muy vinculado al Partido Socialista de Chile, en la transición política chilena que siguió a la dictadura de Pinochet, deseaba comentar ampliamente el asunto. El viernes 30 de julio, el ministro de Asuntos Exteriores expuso en persona y ampliamente a Almunia estos dos temas. Según fuentes consultadas por este periódico, Matutes pidió a su interlocutor "al menos la no beligerancia" en este caso. Desde el 16 de octubre de 1998, día de la detención del general Pinochet en Londres, el secretario general del PSOE había apoyado sin reservas el enjuiciamiento del ex dictador. Durante la reunión del pasado viernes, Almunia manifestó a Matutes que si el Gobierno de Aznar somete la propuesta de arbitraje a la consideración del Consejo de Estado, el PSOE se mantendrá a la expectativa, sin decir nada al respecto, ya que se trata de un órgano previsto en la ley para que emita dictámenes jurídicos. Pero Almunia, según se ha podido saber, quiso establecer las reglas de juego con claridad. Si lo que el Gobierno, por medio de Matutes, desea es que el PSOE anticipe una posición favorable a las conclusiones que el Consejo de Estado pueda emitir -por ejemplo, en apoyo del arbitraje bilateral-, la respuesta es negativa. El PSOE, según dijo Almunia a Matutes, dará su opinión una vez que el Consejo de Estado emita su dictamen. El líder socialista advirtió de algo más a Matutes: si el Consejo de Estado dictaminara que la propuesta de arbitraje para zanjar el caso Pinochet por una vía no judicial debe ser sometida al Parlamento, el PSOE se opondrá a que sea aceptada. Para Almunia, el caso puede ser resuelto por la jurisdicción española, según se ha demostrado en estos meses, y para el PSOE lo conveniente es que se siga tramitando la extradición. Hasta el pasado 16 de julio, y durante largos meses, Matutes también había mantenido esa posición, al señalar al Gobierno de Chile que, en todo caso, el mejor camino era llevar la discrepancia ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, órgano árbitral previsto por la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas para dirimir las controversias. El ministro se oponía, pues, al arbitraje bilateral. La posición de Matutes reflejaba los dictámenes de la asesoría jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores español, bajo responsabilidad de Aurelio Pérez Giralda. Éste es de la opinión de que, habiendo ya resoluciones judiciales sobre el caso Pinochet (como la solicitud de extradición del juez Baltasar Garzón, el auto del pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el procesamiento, la autorización del Reino Unido, y otras), la aceptación de un arbitraje bilateral al margen del ámbito judicial en el que ya se ha adentrado el caso debería ser sometida previamente al Parlamento para ser tramitada como ley. Matutes advirtió, además, a sus colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno de que era necesario tener en cuenta que la tramitación eventual de esa ley podría ser requerir más tiempo que un recurso directo, sin pasos previos, al tribunal de La Haya. ¿Por qué razón? Es sencillo: porque en España la citada ley tardaría en salir, caso de ser aprobada, alrededor de un año y está previsto que se convoquen elecciones generales antes de ocho meses. Pero fuentes diplomáticas consultadas en los últimos días señalaron que en el Ministerio de Asuntos Exteriores se vivía un ambiente que presagiaba una inminente respuesta positiva a la propuesta chilena de arbitraje amistoso. Esas mismas fuentes dijeron que había trascendido el deseo del ministro Matutes de "bordar" la nueva orientación con el logro del apoyo del PSOE. "El Gobierno de Aznar solicitó la extradición de Pinochet como vehículo de la petición del juez Baltasar Garzón. Para esto no tenía que obtener apoyos. En cambio, la situación ha variado, ya que se trata de un conflicto que ha afectado a las relaciones tradicionales de España y Chile. El PSOE es especialmente sensible a este conflicto", dijo una fuente diplomática que pidió mantener su nombre en reserva. Un portavoz de la Oficina de Información Diplomática dijo a este periódico que el tema se encuentra en estudio, ya que la carta del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Gabriel Valdés, urgiendo en términos muy duros y perentorios el arbitraje amistoso, no entró en el Ministerio de Asuntos Exteriores español hasta el pasado lunes. "No podemos comentar este asunto, la carta es valorada como jurídicamente compleja", dijo la misma fuente.

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Las alforjas para un viaje al centro

La oportunidad de solicitar un dictamen al Consejo de Estado español acerca del arbitraje bilateral propuesto por el Gobierno de Chile no es un asunto jurídico menor. El Gobierno español ha dejado ir muy lejos el procedimiento de extradición del general Pinochet, con su gran cantidad de resoluciones, tanto españolas como británicas -que han supuesto en cada caso un acontecimiento jurídico de alcance internacional- como para aceptar ahora, a un mes y medio del juicio de extradición del ex dictador en Londres, algo que, en todo caso, podía haber pensado mucho antes. En su descargo, el Ministerio de Exteriores español podría decir que hasta mediados del pasado mes de abril Chile no planteó con fuerza la propuesta de arbitraje bilateral, en el contexto de la Convención contra la Tortura, y que, por tanto, lo sucedido ha sido responsabilidad de las autoridades chilenas. El arresto del general Pinochet, a iniciativa del juez Garzón y, por tanto, sin responsabilidad del Gobierno de José María Aznar, fue practicado el 16 de octubre de 1998 por Scotland Yard tras la orden de un magistrado de Londres, y tras ser confirmado por el Foreign Office que el ex dictador no se hallaba amparado por una misión diplomática. La defensa de Pinochet consiguió en el Alto Tribunal de Justicia tumbar la orden de arresto con el argumento de que, como ex jefe de Estado, el ex dictador gozaba de inmunidad soberana. Sin embargo, el Alto Tribunal permitió que su resolución fuera apelada ante la Cámara de los Lores. A primeros de noviembre de 1998, el Gobierno español enviaba la solicitud de extradición de Pinochet a Londres y el 25 de noviembre la Cámara de los Lores anulaba la inmunidad del ex dictador. Una impugnación del fallo permitió un segundo juicio en la citada cámara que concluyó con una sentencia de inmunidad parcial. Este veredicto dejó a Pinochet en condiciones de ser juzgado en España por los delitos de conspiración para tortura y tortura posteriores al 8 de diciembre de 1988. Si el Gobierno español decide ahora someter la cuestión del arbitraje bilateral al Consejo de Estado, opinan diversos juristas, para el largo viaje jurídico y diplomático internacional realizado en torno a este asunto no se necesitaban tantas alforjas. Por otra parte, tanto si el Consejo de Estado dictamina que no se necesita una ley para aceptar el arbitraje como si aconseja acudir al Parlamento, la posición del Gobierno de Aznar es muy comprometida. En el primer caso, si el arbitraje -esto es, lo que decidan los juristas seleccionados por ambas partes- es favorable a Chile, el Gobierno español debería anular la solicitud de extradición. Muerto el perro, se acabó la rabia: Pinochet podría ser devuelto a Chile. Sería una dura asignatura para el Gobierno, que en medio de su campaña del "viaje al centro" político, en octubre de 1998, se vanaglorió de tramitar la extradición de Pinochet con gran celeridad. Este dato fue destacado públicamente en la reciente campaña de las municipales y autonómicas, con orgullo, por el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos. Ello reforzó la impresión recogida en Madrid por el ex canciller chileno, José Miguel Insulza, de que la conducta de Aznar en el caso Pinochet está guiada por cálculos electorales. Si el Consejo de Estado aconsejase llevar el asunto al Parlamento español, el Gobierno sabe desde el pasado viernes que el PSOE se opondrá al arbitraje. Y no será el único partido que se oponga.

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