El PP mantiene los escoltas privados a todos sus cargos electos en Euskadi

Aunque hace más de un año que no se registran atentados mortales y casi 11 meses desde que ETA declaró su tregua, los dirigentes del PP en el País Vasco no se fían y siguen sin poder vivir con la relajación de una persona normal. El Cuerpo Nacional de Policía y la Ertzaintza han ido retirando los servicios de seguridad a muchos de sus cargos electos, en la actualidad unos 280. Sin embargo, la dirección del PP mantiene la contratación de escoltas privados para todos, aunque con menor dedicación a los elegidos tras el 13-J.

El presidente de los populares guipuzcoanos, Ricardo Hueso, acudió el pasado lunes a la sede nacional del partido para entrevistarse con el secretario general, Javier Arenas, con dos asuntos que tratar. Por un lado, quería expresarle su voluntad de mantenerse en ese cargo si la dirección le respalda, aunque, por imposición del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ya está casi decidida la nominación para el mismo de María San Gil, candidata a la alcaldía de San Sebastián en las elecciones del 13-J. Por otro, pretendía saber si los responsables de seguridad le daban permiso para relajar algo los autocontroles diarios que practican los cargos electos en Euskadi.Hueso sólo se llevó una respuesta clara en lo referente a la segunda cuestión. Nada de relax. Las normas internas sobre seguridad siguen vigentes. La teórica tregua no significa todavía nada real, y menos tras atentados como el ocurrido el jueves pasado en la sede de Barakaldo. Los insultos, las amenazas y las agresiones verbales son habituales en muchos ayuntamientos y los concejales del PP los han sufrido recientemente; por ejemplo, en la tomas de posesión de sus puestos.

Desde hace unos meses, sin embargo, numerosos dirigentes del PP vasco practican de hecho una regulación de las medidas de seguridad. La dirección nacional les mantiene la escolta privada, pero ellos son conscientes, porque se les ha alertado, de que el Cuerpo Nacional de Policía y la Ertzaintza les han reducido su contravigilancia.

El PP tenía hasta las pasadas elecciones municipales en Euskadi un total de 212 cargos, de los cuales 166 eran ediles. Tras estos comicios, dispone de 223 concejales y unos 280 cargos. Casi todos ellos han tenido en algún momento cobertura de seguridad sufragada por el partido y así continúan. Un despliegue que supuso un gasto de 1.500 millones de pesetas en 1998.

Esa protección no ha variado para todos los que aún siguen siendo altos cargos. Porque en el PP vasco, y especialmente en Guipúzcoa, a pesar de los problemas que hubo de nuevo para rellenar las listas, se han caído de las candidaturas algunas personas que han desaparecido del panorama político por razones internas no explicadas. Y este asunto enlaza directamente con la segunda preocupación que Hueso le trasladó a Arenas.

La crisis larvada en el PP guipuzcoano desde el asesinato de Gregorio Ordóñez por parte de ETA, en 1995, no se solventó en el anterior congreso provincial con Hueso. El ministro Jaime Mayor Oreja promueve ahora a María San Gil, pero esa solución tampoco contenta a todos los sectores.