El alcalde rectifica varios planes urbanísticos tras el fin de 'La Pagoda'

La sombra de La Pagoda es alargada. La demolición del emblemático edificio de Miguel Fisac ha removido las aguas en el gobierno municipal del PP, que no parece dispuesto a sufrir de nuevo la presión de vecinos y arquitectos desatada por la desaparición de la torre de los picos. La Concejalía de Urbanismo, desbordada por las reacciones en contra suscitadas tras el derribo de La Pagoda, ha paralizado en los últimos tres días algunos de sus proyectos más inmediatos. Tras el rechazo al plan de construcción de oficinas sobre el Palacio de Congresos y el anuncio, el miércoles, de que el Colegio de Arquitectos colaborará en la elaboración de un nuevo catálogo de arquitectura contemporánea, la última rectificación del gobierno de José María Álvarez del Manzano, que se produjo ayer en el pleno del Ayuntamiento, podría suponer el principio del fin del proyecto de construcción de oficinas para la Iglesia junto a la basílica de San Francisco el Grande. El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, afirmó que "no tiene inconveniente" en facilitar un solar alternativo al arzobispado si, como aseguró la oposición, éste se muestra favorable al cambio de lugar. El Plan Especial de Reforma Interior del entorno de San Francisco el Grande se aprobó finalmente con los votos en contra de PSOE e IU y 3.500 vecinos que presentaron, sin éxito, alegaciones al plan. Pero Del Río dejó la puerta abierta a una modificación del plan si se produce un acuerdo entre la Iglesia católica y los vecinos. Éstos enviaron ayer al concejal una carta en la que aseguran que, en su última reunión, los representantes del arzobispado se mostraron dispuestos a "aceptar otra ubicación" para sus oficinas, "siempre que fuese en el distrito Centro". Los vecinos emplazaron al gobierno municipal a mantener una reunión con ellos y con miembros de la archidócesis para renegociar el proyecto urbanístico. Del Río aceptó.

El conflicto sobre los terrenos junto a la basílica de San Francisco, que se remonta a su recalificación en 1996, tuvo su último episodio hace una semana, cuando el PP desestimó las 3.500 alegaciones y aprobó la construcción de oficinas para el arzobispado en lugar de la zona verde deseada por los vecinos.

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