El Ayuntamiento de Granada pide a los vecinos que se encarguen del riego de los jardines y zonas verdes

El Ayuntamiento de Granada instó ayer a los vecinos a que rieguen los jardines públicos y suplan de este modos las carencias de personal que tiene el municipio. Nueve asociaciones y comunidades de vecinos firmaron ayer otros tantos convenios en los que se comprometen a regar las zonas verdes a cambio de que el municipio les dé el agua. Baltasar Garzón, concejal de Medio Ambiente, agradeció de antemano la respuesta ciudadana. "No teníamos más remedio que dejar secar las plantas o pedir a los vecinos que se hicieran cargo de mantenerlas vivas", dijo. "La invitación la hacemos extensiva a todas las personas que quieran prestar un servicio que corresponde el Ayuntamiento. Esperamos que en los futuros presupuestos se contemplen estos gastos y los vecinos no tengan que hacer el trabajo", añadió Garzón. En los últimos años, la zonas verdes de Granada han pasado de 402.802 metros cuadrados a 640.425, es decir, han aumentado un 54%. De otro lado, el parlamentario de Izquierda Unida por Granada en el Congreso de los Diputados, Pedro Vaquero, denunció ayer el cobro, por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de un canon por abastecimiento de aguas para el regadío de minifundios a 800 familias de la Vega de Granada. IU ha presentado una proposición no de ley para que el Gobierno revise esa situación. Vaquero explicó que ese canon, que asciende a 25.000 pesetas por hectárea y año para los agricultores de los pueblos de la Vega, se impuso hace dos años, cuando la confederación decidió construir el pantano de Colomera y sufragar las obras a costa de los agricultores. Muchos de éstos se negaron a pagar el canon mientras no se resolviera un contencioso en el Tribunal Económico Administrativo. Hacienda, pese a ello, ha embargado sus cuentas por impago. El parlamentario de IU comparó la situación de estos regantes, que tuvieron que sufrir la sequía de sus cultivos cuando en 1980 la confederación construyó los pantanos de Canales y Quéntar, produciendo una desecación del cauce del río Genil, con la de quienes se abastecen de otros pantanos, cuyos cánones oscilan entre 12.000 y 16.000 pesetas por hectárea y año, una cifra sensiblemente inferior. La proposición no de ley solicita que el Gobierno elabore un proyecto que revise la actual normativa.