Bruselas denuncia 'la acción de oro' del Ejecutivo en las privatizaciones

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por los derechos que se reserva el Gobierno español para seguir influyendo en las empresas públicas después de su privatización. El mecanismo que permite al Gobierno vetar algunas decisiones en las empresas privatizadas se conoce en España como acción de oro (una traducción directa del término inglés golden share), ha sido aplicado en Repsol, Telefónica, Argentaria, Tabacalera y Endesa. Procesos de infracción por motivos similares se han abierto a Portugal, Italia, Francia, Bélgica y Reino Unido.La Comisión, a través del responsable de Fiscalidad y Mercado Interior, Mario Monti, envió ayer el dictamen motivado contra España, la segunda etapa de los procedimientos de infracción en el sentido del artículo 226 del Tratado de la UE. El Gobierno tiene dos meses para contestar. A juicio de la Comisión, es ilegal la ley española 5/1995, de 23 de marzo de 1995, aprobada por el Gobierno del PSOE, que prevé una autorización previa para ciertas decisiones estratégicas (disolución, fusión, fragmentación, modificación del objeto social, etcétera) y la adquisición por cualquier inversor de más del 10% del capital de las sociedades en las que el Estado posee directa o indirectamente más del 25% de las acciones. En aplicación de esa ley, el Gobierno se reservó la posibilidad de vetar decisiones por un periodo de entre 3 y 10 años en Telefónica (10 años), Endesa (10), Tabacalera (8), Repsol e Indra. Si Bruselas impusiera su criterio, el Gobierno perdería derechos políticos, como el nombramiento de los presidentes de esas empresas.

Francia apela a Luxemburgo

[La primera respuesta a la intervención comunitaria se produjo en Francia, cuyo Gobierno rechazó las críticas de la Comisión Europea a la acción de oro que tiene en el grupo petrolero Elf Aquitaine desde 1993 y advirtió que se defenderá ante el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, informa Efe. La acción de oro en Elf Aquitaine "no es contraria al derecho comunitario, en la medida en que responde a un objetivo de seguridad pública", en particular, el abastecimiento energético del país, según una nota del Ministerio de Economía francés].

La Comisión, en su última reunión antes de vacaciones, aprobó también las reclamaciones a los Estados miembros por aplicación inadecuada de las ayudas agrícolas. El paquete suma reclamaciones por 232 millones de euros (39.000 millones de pesetas), de los que 70 millones (11.500 millones de pesetas) corresponden a España. En lo que va de año, la Comisión ha reclamado a sus miembros 725 millones de euros. El grueso de la reclamación a España afecta a las ayudas al consumo de aceite de oliva (37,3 millones de euros) y a ayudas concedidas fuera de plazo (30 millones de euros) entre 1995 y 1997.