El Gobierno rechaza subir las pensiones mínimas más que la inflación en el 2000

El Gobierno rechazó ayer mejorar las pensiones más bajas en el año 2000. El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, anunció que todas las pensiones subirán igual que la inflación prevista, es decir, el 2%. El ministro quiso zanjar así, de forma oficial, el debate generado por él mismo y que ha motivado que oposición y sindicatos exijan la mejora. Un posible aumento superior al IPC se aplaza a la discusión en el seno del Pacto de Toledo. También rechazó la demanda de CEOE de una rebaja generalizada de las cotizaciones empresariales, y mantendrá incentivos limitados al nuevo empleo estable.

El Gobierno respondió ayer con negativas tajantes a las principales propuestas de la patronal y de los sindicatos para los próximos Presupuestos Generales, y a la demanda del PSOE e Izquierda Unida, en coincidencia con las centrales, para que se aplique de manera inmediata una mejora de las pensiones mínimas que supere al IPC. Esta última medida fue propuesta la semana pasada por el ministro Pimentel para el debate del Pacto de Toledo, que se abrirá a mediados del 2000, y el ministro precisó que el Gobierno no tiene intención de adelantarla. Respecto al anuncio de los gobiernos de Baleares y Canarias de sumarse a Andalucía en aplicar una subida adicional de las pensiones no contributivas, Pimentel pide calma, y confía en que, cuando el Tribunal Constitucional analice el fondo del recurso del Gobierno, le dé la razón y resuelva que esas pensiones son Seguridad Social, y que no son competencia de las comunidades autónomas.

Para el año 2000, el Ejecutivo ha decidido que esas pensiones no contributivas, el resto de las mínimas y el conjunto de las prestaciones de la Seguridad Social suban un 2%, que supone el mero mantenimiento del poder adquisitivo. En estos momentos hay 7,9 millones de pensionistas, de los que 451.715 tienen prestaciones no contributivas. Desoye así las peticiones de la izquierda para que haya una mejora adicional en las mínimas entre 37.955 y 56.990 pesetas al mes, y aplaza el aumento por encima del IPC, aunque al tiempo el Gobierno hace gala del buen estado de la Seguridad Social, hasta el punto de que para el 2000 ha previsto un déficit cero.

La situación de equilibrio del sistema público fue el argumento esgrimido ayer por la patronal, en su reunión con el vicepresidente Rodrigo Rato y el propio Pimentel para reclamar una reducción generalizada de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, y el día anterior por los sindicatos para pedir una mejora de las prestaciones sociales.

Exceso de recaudación

El presidente de CEOE, José María Cuevas, afirmó que la patronal quiere que la reducción de cuotas se haga a cargo del exceso de recaudación en fiscalidad y cuotas de los últimos años. Según sus datos, en 1997 hubo un excedente de más de 400.000 millones de pesetas; en 1998, cerca de 900.000 millones, y en 1999 el ritmo es similar. Junto a esa rebaja propone una reducción de los módulos fiscales a los que se acogen la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas fiscales para mejorar la competitividad y que permitan potenciar las políticas de investigación e internacionalización.Cuevas planteó que se debe despejar cómo se financian los complementos de mínimos de las pensiones, en total 600.000 millones, que para CEOE y las centrales se deben pagar con impuestos y no con cuotas como ahora. Solución que el Gobierno aplaza también al Pacto de Toledo.

Frente a esas peticiones, Pimentel dejó claro que no va a aplicar una rebaja generalizada de cuotas y proseguirá la reducción selectiva, mediante incentivos a las empresas que creen empleo estable. Tampoco es proclive a atender la demanda de los sindicatos de mejorar la cobertura a los parados que han agotado la protección, y en concreto para los mayores de 45 años, desempleados de larga duración y los que tengan cargas familiares. En conjunto son 330.000 desempleados. Dar subsidio (51.952 pesetas al mes) tendría un coste de 220.000 millones de pesetas. Pimentel dijo "lo estudiaremos", pero precisó que su propósito es proteger a esos colectivos mediante una renta a cambio de empleo (por ejemplo, con talleres de formación),pero no reformando la cobertura del paro. "El subsidio tiene algo de resignación y es antigüito", afirmó.

Amenaza de movilización

Si los sindicatos convocan movilizaciones de protesta, tal como amenazó ayer Cándido Méndez, secretario general de UGT, el Gobierno no tiene más respuesta que el respeto a sus decisiones.El portavoz de Economía del Grupo Socialista, Juan Manuel Eguiagaray, manifestó ayer que "es repugnante escuchar al Gobierno que hay dinero para otras cosas, y no para pensiones", informa . Resaltó que desde 1996 hay medio millón de pensionistas más y, sin embargo, el porcentaje del PIB dedicado a estos gastos ha disminuido del 9,1% al 8,96%. El representante socialista criticó al Gobierno por haber subido las pensiones mínimas para mayores de 65 años "sólo" 728 pesetas mensuales en los últimos tres años. Por otra parte, en Sevilla, el ex ministro de Trabajo socialista José Antonio Griñán mostró su preferencia y la de su partido por que sea el Ejecutivo quien regule mediante una ley estatal el incremento de las pensiones, informa Lourdes Lucio. Pero advirtió al mismo tiempo que, en caso contrario, el "PSOE tendrá que plantearse adoptar esta decisión unilateralmente en las comunidades autónomas donde gobierna", Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y Baleares. Griñán matizó de inmediato que esta directriz debe darla la ejecutiva federal, a la que no pertenece. Eguiagaray, sin embargo, evitó pronunciarse sobre ello.