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Todos los partidos defienden la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil frente a las críticas expresadas por los abogados

Todos los partidos representados en la Comisión de Justicia del Congreso, que comenzó ayer a debatir las enmiendas y el informe final de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, defienden la necesidad de reformar la norma en vigor desde 1881 y apoyan mayoritariamente el proyecto del Gobierno -se han aceptado unas 800 enmiendas de las 1.400 presentadas- frente a las críticas del Consejo General de la Abogacía. Sólo CiU ha anunciado su abstención en la votación de hoy, pero más por razones "políticas" que "técnicas". La citada comisión discutió ayer y votó algunos de los 825 artículos de la nueva ley procesal y hoy debatirá los restantes y el informe final. La ley será sometida en septiembre a la consideración del Pleno de la Cámara Baja y luego pasará al Senado, desde el que podría retornar al Congreso para su aprobación definitiva en diciembre.

Ése es el plan de trabajo que asumen todos los grupos, incluso CiU, que no sabe aún qué hará entonces. Fuentes de la coalición catalana admitieron ayer que no pueden apoyar ahora, en vísperas de unas elecciones autonómicas, un proyecto tan emblemático para el Ejecutivo del PP y que, además, se enfrenta a un colectivo profesional tan influyente como el de los letrados. En cualquier caso, el Ejecutivo ha recogido ya 277 sugerencias de las 435 registradas por la propia CiU.

El PSOE también guardó ayer cierta cautela al exponer su criterio sobre el texto a la espera de que, en su momento, sea su Ejecutiva Federal la que defina el sentido de la votación. Pero su portavoz, Álvaro Cuesta, adelantó mucho más que vibraciones positivas. Cuesta asumió que los socialistas han retirado ya el 60% de sus 650 enmiendas e incluso que, tras una etapa de opacidad, el diálogo ha sido la tónica desde el 25 de abril. Con todo, la oposición de los abogados planeó sobre la sesión.Todos los grupos aludieron a su anuncio en ese sentido publicado en varios medios de comunicación. Subrayaron que no entienden sus críticas e insinuaron que sólo pueden deberse a su desconocimiento del texto final. Cuesta resaltó que la importancia de "la autonomía de la política" supera los intereses corporativos.

El representante del PP, Andrés Ollero, introdujo una veta de humor al indicar que los letrados cuestionan como algo "excepcional" que se precipite el trabajo de los diputados este mes para sacar adelante el proyecto. Así, agradeció, como "insólitas", esas palabras porque hasta ahora lo habitual era que a los parlamentarios se les achacase que "no dan un palo al agua".

Ningún político de la oposición -ni Cuesta, del PSOE; ni Pablo Castellano, de IU; ni Margarita Uría, del PNV, ni Manuel Silva, de CiU- justificó las razones de los abogados. Ninguno cree, pues, que la nueva ley vulnere derechos fundamentales y artículos de la Constitución sobre el derecho a la defensa y la asistencia gratuita ni tampoco que favorezca a los poderosos frente a los débiles.

De cualquier forma, el debate también está entre los colectivos afectados. Jueces para la Democracia denunció ayer "el despropósito" que puede acarrear la ley y la asociación conservadora Francisco de Vitoria también la criticó. A su vez, la Asociación Profesional de la Magistratura se desmarcó de las críticas, como la Unión Progresista de Fiscales. La Asociación de Fiscales sí planteó varias mejoras.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de julio de 1999