Los socialistas estudian solicitar la nulidad de los trabajos de la comisión de investigación sobre el lino

El PSOE no está de acuerdo con la forma en que el Gobierno y sus aliados, CiU y Coalición Canaria, dirigen la investigación sobre el escándalo del lino. La socialista Amparo Rubiales explicó ayer que su partido estudia si hay base jurídica para pedir la nulidad de los trabajos desarrollados hasta ahora. Como IU, el PSOE ha anunciado que pedirá más comparecencias.En plena discusión sobre el modo en que el Gobierno y sus aliados han encarado la investigación -36 comparecencias en apenas seis días y retrasos en la entrega de documentación-, el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de Agricultura, ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión mañana, miércoles, para "analizar el proyecto de real decreto que regula la solicitud y concesión de ayudas al lino textil y al cáñamo" en la próxima campaña.

La convocatoria, en opinión del PSOE, no deja lugar a dudas sobre quién elabora las normas sobre el cultivo del lino y quién es responsable del escándalo que afecta a varios altos cargos y ex altos cargos: el Ministerio.

Contra esta valoración, el actual titular de Agricultura, Jesús Posada, dijo ayer en Londres, en donde se entrevistó con su homólogo británico, que la comisión investigadora "aclarará definitivamente las cosas" y se verá "que mucho de lo que ocurrió era un intento de dañar electoralmente" a la ex ministra Loyola de Palacio.

El Gobierno remitió el pasado sábado a la comisión la declaración de bienes de los altos cargos obligados a comparecer ante la misma, con la excepción del ex director financiero de Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz, que, según dice, no tiene consideración de alto cargo. Rubiales se quejó de que la documentación llegase al Congreso cuando todos los servicios estaban cerrados y una vez que los altos cargos más directamente afectados -el ex presidente del Fondo Español de Garantía, Nicolás López de Coca; el director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla, y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro- ya han comparecido.