El fallido asalto de Gil a Puerto Banús

El plan para conquistar la sociedad Puerto Banús no podía ser más complicado y rocambolesco. Pero con la ayuda de la juez Pilar Ramírez estuvo a punto de consumarse con éxito. Jesús Gil nunca ocultó sus intenciones. En 1991, nada más acceder a la alcaldía de Marbella, declaró que el Ayuntamiento controlaría la administración de Puerto Banús, el escaparate más llamativo de la ciudad. Una bocana en la que fondean espectaculares barcos de recreo, como el del jeque Enani, con sus helicópteros en cubierta, y un trepidante zoco de negocios inmobiliarios. La pretensión del alcalde parecía disparatada, ya que la concesión del puerto, otorgada por la Junta de Andalucía, pertenecía a la sociedad Puerto José Banús de Andalucía La Nueva. Se trata de una sociedad privada, propiedad de la familia de José Banús, su fundador, y regentada por Alberto Vidiella, su sobrino. Pero los problemas económicos de éste último en Bansa, otra sociedad, servirían de excusa para el asalto por sorpresa al puerto de la jet marbellí. Banús Andalucía La Nueva SA (Bansa), una urbanizadora constituida también por José Banús acumulaba deudas, entre otros, con el Ayuntamiento de Marbella, al que debía 700 millones de pesetas por suministros de agua. José Luis Sierra, abogado de Gil, instó en 1994 a la quiebra de Bansa ante el juzgado número 4 de Marbella. Llevaba más de un año preparando su denuncia, según confesó. El plan era tan premeditado que los italianos Felice Cultrera y Gianni Mennino, afincados en Marbella y presuntos miembros de la Mafia siciliana Cosa Nostra, proyectaban desde 1992 cómo hacerse con Puerto Banús con la ayuda del alcalde. Pero ambos ignoraban que los teléfonos de sus sociedades estaban intervenidos en una operación policial hispano-italiana. Todas las conversaciones con el primer edil de Marbella estaban siendo grabadas, una tras otra, durante dos años. Los dos italianos a los que la policía vincula con el clan mafioso de Santapaola mantenían una estrecha relación con la familia Ramírez. Juan, ex oficial de juzgados y padre de la juez, "actuaba como asesor jurídico y abogado del grupo Cultrera", según los responsables del servicio de Estupefacientes. Juan Carlos y Diego Jiménez, hermano y primo de la juez decana, eran y son sus abogados. Un informe del Servicio de Estupefacientes asegura que Gil planeaba hacer figurar al Ayuntamiento de Marbella como comprador de la sociedad Puerto Banús, cuando en realidad estaban los italianos detrás de la operación, pero en la sombra y sin figurar. "También se comprometió a otorgar las licencias de construcción oportunas a los grupos afines de Cultrera. A cambio, los italianos se comprometieron a ayudar económicamente a Gil en las campañas electorales que precise", dice el documento policial. La quiebra de Bansa sólo era el primer paso y la excusa ideal de este ambicioso plan, según relata una de las partes del proceso. A su vez, el Estado se personó en la causa como acreedor de 500 millones que le adeudaba la urbanizadora por impago de impuestos. Antes de que concluyera la quiebra, el juzgado número 4 dedujo testimonio contra Vidiella por presunto alzamiento de bienes y lo mandó a reparto. Pilar Ramírez, decana de los juzgados de Marbella y responsable del reparto, se quedó con el caso, que pasó a su juzgado, el número 3. Hasta entonces, lo único que se discutía era la causa contra la urbanizadora Bansa y las diligencias penales contra Vidiella. Pero el asunto dio un giro inesperado. A petición de Sierra, abogado de Gil, la juez Ramírez ordenó la administración judicial de Puerto Banús, la sociedad dueña del puerto, con el pretexto de que Vidiella era titular de las acciones y para garantizar su responsabilidad en el caso de Bansa. Y lo hizo aplicando un decreto ley franquista, de 1969, aprobado a raíz del caso Matesa, que permitía la administración judicial de una empresa. Ésta conlleva el cese del consejo y el nombramiento de un administrador y un interventor. "Fue una decisión brutal, porque el puerto no tenía nada que ver con Bensa", señalan fuentes judiciales. El letrado de Gil propuso a Ramírez que nombrara a Antonio Calleja administrador de la sociedad y a Antonio Sampietro, interventor de la misma. El primero estaba vinculado al alcalde y el segundo acababa de dejar su puesto de concejal del GIL en el Ayuntamiento. Ahora, es el dirigente de este partido en Ceuta. La juez aceptó la propuesta del alcalde y nombró a ambos sin acudir al turno de oficio del colegio de economistas. En las mismas diligencias sí había acudido, en cambio, al colegio de arquitectos para que elaborara un dictamen independiente. El abogado del Estado contestó que el decreto ley de administración judicial había sido derogado por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y denunció que Puerto Banús nada tenía que ver con la quiebra de Bansa. Se opuso al nombramiento de los hombres de Gil y propuso el de un funcionario de Hacienda como garantía de imparcialidad. En su recurso ante la juez, la Abogacía del Estado aseguró que, "más que una administración judicial, aquello parece una administración municipal". El fiscal también se opuso a las órdenes de Ramírez. Los dos recursos fueron rechazados por la juez, que se mantuvo firme en sus tesis. "Echó un órdago arriesgadísimo", señalan fuentes judiciales. El asalto de Gil a Puerto Banús, la joya de Marbella, se había consumado. Pero la victoria fue pírrica. En 1998, la Abogacía del Estado y la Fiscalía presentaron y ganaron su recurso ante la Audiencia de Málaga. Ésta echó por tierra las actuaciones de Ramírez, levantó la administración judicial sobre Puerto Banús, destituyó a los hombres de Gil y repuso en el consejo a Vidiella. Del sueño de Gil y los presuntos mafiosos sólo quedaron las cintas que conserva la policía.