Reuniones privadas y por la puerta de atrás

Cultrera y Gianni Mennino no atravesaban el hall principal del Club Financiero en Marbella, sede de Jesús Gil, en donde compagina sus negocios personales con su trabajo de alcalde. Los presuntos mafiosos italianos no se daban de bruces con los dos caballetes gigantes en los que se sostiene la imagen de Carlos III y de Gil, unidos por una banda con el siguiente lema: "Los dos mejores alcaldes de la historia de España". Los dos italianos entraban siempre por la puerta de atrás.El Club Financiero, un gran chalé rodeado de jardines y decorado con la excentricidad que caracteriza a su dueño, fue el escenario de las reuniones secretas entre el edil y los presuntos mafiosos italianos Cultrera y Mennino para planificar su asalto a la sociedad Puerto Banús y otros variopintos negocios.

Todas los encuentros fueron controlados por los agentes del comisario Francisco García Parra, responsable del Servicio Central de Estupefacientes, y por sus colegas de la brigada antimafia italiana que investigaba por orden de la Justicia de aquel país y mediante una comisión rogatoria que aceptó tramitar el juez Baltasar Garzón.

Cultrera, que tienen antecedentes penales por control de casinos de juego, organización internacional de tráfico de estupefacientes, estafa, falsedad de títulos, extorsión, chantaje, amenazas, coacciones, blanqueo de dinero procedente del tráfico de heroína y tráfico de armas, tomaba numerosas medidas de seguridad y entraba siempre a escondidas y por la puerta de atrás, según señalan fuentes policiales. Su lugarteniente Mennino, con un historial similar, seguía el mismo camino.

Toma de posesión

Cuando en agosto de 1997, Antonio Calleja y Antonio Sampietro, administrador e interventor judicial de la sociedad tomaron posesión de sus cargos en la sociedad propietaria de Puerto Banús, la alegría en el grupo era general. Tanta, que pese a no ser firmes sus nombramientos, comenzaron a actuar como si lo fueran. Pidieron autorización a la juez Ramírez para solicitar préstamos multimillonarios y para vender los activos de la compañía, que, según fuentes jurídicas, era precisamente lo que debían preservar.Antes de que ninguna de estas actuaciones tuviera lugar, la Fiscalía y la Abogacía del Estado consiguieron parar a la juez Ramírez mediante un recurso ante la Audiencia provincial de Málaga que anuló toda la actuación de la decana de Marbella. Pese a que Calleja y Sampietro fueron destituidos de sus cargos por la resolución judicial, ambos siguen reclamando el pago de cantidades millonarias por su designación para ese puesto. La sociedad de Puerto Banús, controlada hoy por la familia Vidiella, se niega a pagar porque su nombramiento fue ilegal.

Este periódico ha intentado recoger sin éxito la opinión de los Vidiella sobre el intento de Gil y de los presuntos mafiosos italianos de apoderarse de su empresa. Ninguno de ellos ha contestado a las reiteradas llamadas.