El humo del vecino

EL FUMADOR es libre de intoxicarse placenteramente con el humo de su cigarrillo o de su cigarro puro, pero no lo es para implicar en ese riesgo individual a terceras personas no fumadoras. Este principio de convivencia, basado en exigencias de salud pública, inspira el decreto sobre restricción de consumo de tabaco en los transportes públicos que aprobó ayer el Consejo de Ministros.No hay que esforzarse mucho para comprender que en los transportes colectivos -trenes, autobuses, aviones, barcos-, con espacios reducidos e insuficientemente ventilados, el derecho a fumar de unos debe ceder ante el más fundamental de los demás a la salud. En este sentido, es coherente y razonable la prohibición de fumar en todos los vuelos nacionales, sea cual sea su duración, y en los autobuses urbanos e interurbanos, o la decisión de que en trenes y barcos sólo se pueda fumar en vagones o zonas especialmente destinadas a fumadores. España se incorpora con retraso a pautas de comportamiento respecto del tabaco vigentes hace tiempo en otros países. En algunos de ellos, hace ya bastantes años.

La lucha contra el tabaco tiene muchas facetas, una de las cuales es la de preservar los espacios públicos cerrados de los efectos nocivos que provoca su consumo. Las administraciones están obligadas a proteger la salud pública. Sería deseable que esta responsabilidad se manifestara con igual contundencia en otros ámbitos también relacionados con el tabaco, como la política fiscal, cuya ambigüedad hace dudar si no busca potenciar el consumo para recaudar más. Si la actitud general de la Administración acerca del tabaco fuera más transparente y decidida tendrían sin duda mayor efecto sobre la sociedad las campañas intermitentes que se realizan.

Cada vez son más los jóvenes que afortunadamente rechazan el tabaco, pero son muchos todavía -y especialmente mujeres, entre las que se observa un incremento espectacular- los que se inician desde una edad muy temprana en el hábito de su consumo. El tabaco tiene que ver con el 40% de las muertes en España, según los expertos, y el tabaquismo acorta la vida del fumador en unos 23 años de media. Pero muchos jóvenes no están informados y otros relacionan estos datos con un mensaje sanitario más bien piadoso, que entra en contradicción flagrante con los modelos de conducta que se le ofrecen en el cine y en la televisión en relación con el tabaco.

Ninguna ley seca o política prohibicionista cabe aplicar a un hábito o gusto privado como el fumar, y menos todavía cabe cualquier tipo de complacencia con actitudes de hostigamiento al fumador. Pero ninguna Administración responsable puede dejar de informar sobre sus efectos nocivos, cada vez más documentados y de consecuencias más graves, y de prohibirlo en aquellos espacios públicos en los que se ponga en riesgo la salud de los no fumadores. Nadie puede ser obligado a fumar, aunque sea de forma pasiva.