POLÉMICA DE LOS SUELDOS Pleno juliano, subida de salario

En vísperas de las vacaciones de agosto, en este mes de julio que acaba con toda actividad y preocupación por el trabajo y por casi cualquier otra cosa que no sea el sesteo y la molicie, el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, ha iniciado su andadura de cuatro años con un nuevo gobierno de socialistas y andalucistas. Su primer Pleno municipal, con carácter extraordinario, un 20 de julio, quince días después de su constitución, lo ha dedicado presentar y aprobar una propuesta de subida generalizada de salarios de los concejales, tenientes de alcalde y alcalde, aumento de las asignaciones económicas a los grupos municipales e incremento del número de funcionarios de confianza de los cuatro grupos políticos presentes en el Ayuntamiento hispalense. Sería fácil caer en la demagogia si criticamos este acuerdo: nunca se ha visto bien en la ciudadanía cualquier subida salarial de sus representantes públicos. Algunos interesados todavía creen que el político no debería cobrar ningún salario. De esa forma volveríamos al siglo XIX: ¿Para qué cobrar si ya se cobra bajo cuerda las comisiones y los tratos de favor? Pero una cosa es eso y otra el porcentaje de la subida, el momento, las condiciones y la argumentación que se ha utilizado por el gobierno municipal para avalar la necesidad de la misma. Casi me ha parecido más desvergonzada la argumentación utilizada por el nuevo gobierno de Sevilla que el hecho de que un portavoz o un teniente de alcalde se lleve bajo el ala casi 10 millones anuales, que no es moco de pavo. Decir que el alcalde debe cobrar más que el funcionario municipal mejor pagado es una solemne tontería, cuando no una estupidez. Siguiendo esa lógica el Presidente del Gobierno de la Nación debería cobrar una peseta más que el notario mejor pagado de este país. Con dicha justificación de la propuesta se cometen errores impresentables desde una visión democrática de la política y de la relación de ésta con la vida civil. Política y mercado Uno de ellos es concebir la política exclusivamente en relación con el salario que se cobra: es más digno quien más cobra; es más responsable quien más cobra. Eso vale en la empresa privada, así está organizada, y no podría ser de otro modo. Llevarlo al terreno de la "función política", del papel del "representante elegido por los ciudadanos" para organizar el bien público es convertir la política en un mercado y al político en un ejecutivo o directivo empresarial. Uno sigue pensando que el político debe estar en la actividad política porque ésta tiene algo que no tienen las demás actividades, y que desde luego no es sólo el dinero. ¿O sí? La actividad política democrática, precisamente porque se genera desde el principio fundamental de que los votos de los ciudadanos asignan a una persona la capacidad de ejercer el poder para tomar las decisiones sobre el bien común, no puede estar pagada nunca con dinero suficiente. El poder político se paga a sí mismo de otra manera. Todo lo demás pueden ser cosas de este fin milenario que a algunos les ha hecho disparatar, creyendo que la historia está finita, y que más vale pronto que tarde eso de subirse la asignación. Y, finalmente, en otoño, cuando los funcionarios digan que eso del 2% de subida anual, tararí que te vi: ¿qué dirá nuestro alcalde? ¿qué dirá nuestro gobierno municipal? Expectante quedo. Javier Aristu es profesor de Enseñanza Secundaria y fue concejal en el Ayuntamiento de Sevilla entre 1982 a 1987.