Competencia limitada

LA APLICACIÓN de las normas de competencia es siempre una tarea compleja. La fusión del Banco Santander y el Central Hispano para formar el BSCH había acumulado bajo el control de una sola entidad financiera participaciones accionariales significativas en sectores industriales considerados estratégicos, con un considerable riesgo de concentración de poder y de colusión de intereses entre empresas que debían competir en el mismo mercado. Los casos de Amena y Airtel en el sector de telefonía móvil, o de las eléctricas ENDESA y Unión Fenosa, también competidoras entre sí, todas ellas participadas por el nuevo banco, ilustran de forma suficiente la distorsión en la competencia empresarial motivada por la fusión.La decisión del Gobierno de pedir al banco un calendario de desinversiones en los sectores de telecomunicaciones y energía y limitar además sus representaciones en los consejos de administración a uno de los operadores en cada sector afectado responde a los principios de la lógica empresarial y la defensa del mercado. El Gobierno se ha basado en un informe del Tribunal de Defensa de la Competencia para tomar, casi por primera vez, iniciativas propias de un regulador e imponer criterios razonables de transparencia empresarial.

El procedimiento seguido por el Gobierno tiene, sin embargo, algunas limitaciones. Cuando su portavoz asegura que "otros grupos empresariales tomarán nota" de las exigencias impuestas al BSCH está apelando a un efecto ejemplar en el que difícilmente se puede confiar, tal como demuestra la experiencia. Varias entidades financieras españolas tienen participaciones accionariales cruzadas en sociades que compiten por los mismos mercados. ¿También se les pedirá un calendario de desinversiones si no toman nota del mensaje?

El procedimiento de exigencia ad hominem desde el Gobierno es insuficiente, porque, si a continuación no se toman decisiones respecto a otros casos, puede ser interpretado como un castigo a una sola entidad. La cuestión de fondo sigue siendo, por una parte, la ausencia de criterios claros de aplicación universal para combatir las decisiones empresariales que enturbian el mercado. Por otra, la falta de organismos independientes de regulación, desligados del poder político, con capacidad real de intervención, corrección y sanción de las decisiones empresariales contrarias a la competencia. Es un contrasentido que el Gobierno que ahora actúa para restablecer un orden razonable en las posiciones empresariales del BSCH sea el que desvirtuó los poderes de la Comisión Eléctrica, el que ha definido una Comisión Nacional de la Energía como organismo meramente consultivo o el que tan poco margen de maniobra concede a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.