Las tendencias demográficas actuales y las pensiones futuras

Los españoles tenemos un dicho muy sarcástico y desvergonzado que demuestra a la perfección la teoría del free rider, es decir, la del aprovechado o, literalmente, la del polizón o "viajero que viaja sin pagar billete". "En esta vida", se dice, "hay que intentar vivir de los padres hasta que se pueda vivir de los hijos".Esta alusión viene a cuento cuando se debaten los graves problemas del nivel de deuda actual y de la probable insuficiencia de las pensiones futuras en nuestro país y, en general, en toda Europa, y sus graves consecuencias sobre las generaciones posteriores. ¿Son las generaciones en España altruistas y se preocupan de las que vienen detrás? ¿Se comportan como free riders y se aprovechan de las anteriores y/o de las futuras?, ¿son solamente neutrales? No es nada fácil contestar a estas preguntas, pero sí es conveniente planteárselas.

Uno de los fundamentos de la solidaridad y el altruismo intergeneracional español y europeo es el actual sistema de reparto en las pensiones. Los padres pagan la educación de los hijos y éstos pagan la jubilación de los padres. Sin embargo, dicho sistema puede llegar a tener graves problemas de financiación a largo plazo, dadas las tendencias demográficas y laborales actuales.

En la actualidad nos encontramos con dos problemas demográficos muy importantes que están relacionados. Por un lado, la tasa de fecundidad de las mujeres españolas es la segunda más baja de la UE, después de la de Italia, alcanzando solamente 1,2 hijos por mujer, y lleva descendiendo desde 1977, año en que superaba 2,1 hijos, que es la tasa de reposición normal.

La principal razón de la caída de la tasa de fecundidad es que la edad media de maternidad de las mujeres, que en los años setenta era de 25 años, ha pasado ahora a ser de 30 años. Esta tendencia se debe, a su vez, a que la tasa de nupcialidad no sólo es mucho menor que antes, sino que se ha retrasado considerablemente.

Por otro lado, la tasa de mortalidad ha seguido descendiendo y la esperanza de vida ha ido subiendo, siendo en la actualidad de 82 años para la mujer y de 74 años para el varón.

Las consecuencias económicas de ambas tendencias son preocupantes. Por un lado, la caída de la tasa de fecundidad reduce las posibilidades de crecimiento económico futuro de España a menos que se compense con una mayor entrada de inmigrantes de otros países. Por otro lado, la mayor esperanza de vida, unida a la menor fecundidad, aumenta la tasa de dependencia de la población pasiva en relación con la activa, lo que hace cada vez más difícil la viabilidad financiera futura del sistema de pensiones español, que está basado en el reparto intergeneracional.

Es verdad que la reciente caída de la fecundidad permitirá reducir el nivel de desempleo español a un mayor ritmo del previsto, ya que aumentará a menor ritmo la población en edad de trabajar, con lo que, dado un crecimiento estable del empleo, el nivel de paro tenderá a caer más rápidamente.

Ahora bien, esto no empezará a ocurrir hasta el año 2005, ya que la población en edad de trabajar, es decir, la de 16 a 64 años, es aún creciente hasta dicho año, puesto que aún siguen entrando a formar parte de la misma los nacidos entre 1982 y 1990, que eran aún muchos. Sin embargo, a partir de dicho año empieza a caer vertiginosamente hasta el año 2020, mientras que la población mayor de 65 años se dispara a partir del 2004. La población susceptible de estar empleada cae, en dicho periodo de quince años, en más de 1,2 millones de personas, mientras que la población jubilada pensionista aumenta otro millón. Es decir, que para entonces el sistema de reparto de pensiones será mucho más difícil de financiar, ya que el número de contribuyentes netos caerá aceleradamente y el de receptores netos aumentará a un ritmo parecido, aumentando la brecha entre unos y otros en más de dos millones. En este momento existen 1,9 afiliados por cada pensionista, y en el 2020 pasarían a menos de 1,5 cotizantes por perceptor. De seguir dicha tendencia, en el 2040 la situación sería inversa y el sistema sería inviable.

La situación se complica aún más con la práctica, cada vez más extendida en las empresas, de aumentar la jubilación voluntaria anticipada hasta los 55 años e incluso menos. Si esta tendencia continuase y se ampliase a todo el grupo comprendido entre 55 y 65 años, el problema sería todavía mucho más grave, ya que aumentarían aún en mayor medida el número de pasivos y se reduciría igualmente el de los empleados que están cotizando, ya que las jubilaciones anticipadas no están creando nuevos empleos entre los jóvenes, con lo que la brecha no sólo aumentaría, sino que, además, se adelantaría en el tiempo. De todas maneras, a partir del año 2006 las jubilaciones anticipadas no podrán acogerse al sistema de la Seguridad Social por no existir ya ningún mutualista previo a 1967, que es la condición que deben cumplir.

El problema demográfico tiene por tanto dos implicaciones. Una afecta a la solidaridad intergeneracional y la otra a la crisis fiscal potencial.

El problema de la crisis fiscal se puede producir por dos vías. Por la imposibilidad de que los contribuyentes netos puedan sostener a los receptores netos de las prestaciones de jubilación, incapacidad y otras, lo que podría suponer a largo plazo la insolvencia del sistema, y, por otro, por la caída del ahorro, ya que el número de personas con mayor propensión al ahorro, que son los empleados, se reduce fuertemente. A través de ambas vías se puede llegar a conseguir una explosión de la deuda pública.

El problema de la solidaridad intergeneracional es también importante, porque, de seguir con el sistema actual de reparto, nuestros hijos heredarían una doble carga financiera, por la suma de dicha deuda pública y de las pensiones, difícilmente financiable. De acuerdo con el gráfico, hasta el 2020 el número de personas de 0 a 15 años descendería en medio millón, al tiempo que aumenta en casi un millón y medio el de los mayores de 65 años, lo que haría aún más difícil su situación futura. Esto plantea a su vez dos cuestiones fundamentales. La primera corresponde a qué se puede hacer para mejorar la situación, y la segunda, cuándo hay que hacerlo.

¿Qué hacer? Una medida posible es, naturalmente, volver a una edad de jubilación obligatoria a los 70 años para retrasar al menos cinco años el problema.

Esta medida puede no ser suficiente, ya que las empresas pueden continuar ofreciendo la prejubilación voluntaria. La manera más directa de desincentivar la prejubilación voluntaria es reducir aún más los impuestos sobre la renta, ya que existe una estrecha correlación entre el nivel de tipos impositivos y la edad media de prejubilación.

Otra medida posible es fomentar la inmigración para que se aumente la población susceptible de ser contribuyente neta, pero para ello hay que tener puestos de trabajo que ofrecer en todos los niveles de retribución. Sin embargo, la medida más importante y complementaria de las anteriores sería, sin duda, ir preparando una transición parcial y no traumática hacia un sistema de capitalización. El problema financiero a largo plazo es de tal envergadura que sólo con el sistema actual de incentivar fiscalmente los fondos de pensiones privados para complementar los públicos no sería suficiente, ya que a largo plazo, a partir del 2011, probablemente habría que empezar a reducir todas las pensiones públicas, ya de por sí muy reducidas (la pensión media actual es de 75.000 pesetas) y los más afectados serían los que no tienen medios para complementar privadamente sus pensiones públicas. Una solución intermedia sería mantener el sistema actual de reparto para unas pensiones mínimas y, sobre él, ir edificando un sistema básico de capitalización para los demás.

Es decir, el sistema futuro de pensiones podría tener un sistema público de reparto para mantener pensiones mínimas, otro público de capitalización para las pensiones por encima de las mínimas y otro privado de capitalización complementaria.

¿Cuándo empezar a hacerlo? El momento ideal es entre el año 1999 y el año 2005, periodo en el que aún está aumentando la población entre 16 y 64 años y en el que la de más de 65 aumenta sólo moderadamente. Ésa es la que ahora se llamaría la "ventana de oportunidad" para intentar hacer una transición más suave de un sistema a otro; después será cada vez más difícil y costosa. En definitiva, si se cumplen las perspectivas demográficas, habrá que tomar medidas muy importantes de mejora del sistema actual y de desarrollo de otro complementario, y el momento óptimo para tomarlas es lo antes posible durante los próximos seis años.

Finalmente, uno de los problemas fundamentales es cómo financiar la transición. Los países que lo han logrado partían de niveles de deuda muy bajos y tuvieron margen para aumentarlos, mientras que en nuestro país superan ya el 65% del PIB y no existe margen para subirlos, dadas las obligaciones de Maastricht, que nos obligan a bajarlos al 60%.