El Gobierno no tiene quien le haga una autopista al pueblo de Cuiña

El Consejo de Ministros no ha visto fiables ni asumibles las ofertas para construir una autopista de peaje con la que pretende conectar Santiago de Compostela y Lalín (Orense), localidad natal de José Cuiña, secretario general del PP de Galicia y consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda. El pasado 15 de junio, el Ejecutivo declaró desierto el concurso que había convocado en noviembre pasado para construir y gestionar esa carretera, por la que está previsto que circulen menos de 10.000 vehículos al día.

Semanas atrás, un portavoz del Ministerio de Fomento declaró que la mesa de contratación de la obra había ampliado el plazo hasta el próximo día 30, porque no veía claras las dos ofertas presentadas: una, del grupo formado por las constructoras ACS y FCC, y otra, de la empresa de viajeros Alsa, asociada con Ploder. En realidad, tras declarar el concurso desierto, se decidió "la apertura de un procedimiento negociado para la adjudicación".Esta opción del Consejo de Ministros está prevista por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, pero no tiene precedentes. Nadie sabe el procedimiento de este mecanismo, que consiste en negociar con los que han presentado ofertas para que se acerquen a las pretensiones del Gobierno.

En el sector nunca se entendió la inclusión de este tramo en el paquete de autopistas que Fomento presentó en febrero de 1997. Salvo motivos políticos, como el hecho de que enlazaría la capital gallega con el municipio natal del consejero de Obras Públicas de la Xunta y secretario general del PP, no se justifica su construcción, según técnicos de Fomento.

La construcción sólo tendría sentido si cumple al menos uno de los parámetros básicos exigibles para convertir una carretera en otra de doble calzada o alta capacidad, cual es que su tráfico supere los 10.000 vehículos al día. Esa circunstancia sólo se cumple a la salida de Santiago. Mediado el trazado, se reduce a 6.000, y al llegar a Lalín ni siquiera alcanza los 4.000, menos que una carretera secundaria. En esas condiciones, la explotación de una vía de peaje no ofrece alicientes para los inversores.

Para hacerla más atractiva, el Gobierno ofrecía a las constructoras un adelanto de 10.000 millones de pesetas en forma de crédito participativo del Estado, más una subvención a fondo perdido de la Xunta de Galicia por la misma cuantía. Con todo, el grupo FCC-ACS presentó una oferta por la cual se comprometía a terminar el tramo de peaje Santiago-Lalín Oeste para antes del 2004, y dejaba para el 2029 el tramo Lalín-Alto de Santo Domingo, de acceso libre. "Ni así rentabilizaríamos las inversiones", asegura un ejecutivo del grupo.

El otro grupo licitante consideró que esta oferta no se ajusta al pliego de condiciones dado que su oferta vulnera el ordenamiento jurídico por la existencia de un lapso de 23 años entre las dos fases de terminación de la carretera.

Por su parte, FCC-ACS opina que la oferta de Ploder-Alsa se basa en cálculos de tráfico ficticios, costes de financiación y ejecución irreales y plazos imposibles de cumplir en Galicia, donde el minifundismo y la falta de documentos de propiedad demoran extraordinariamente los trámites de expropiación.