Córdoba perderá 1.600 millones después de que el PP no recurriera el fallo de Hacienda sobre la PIE

El 15 de marzo se recibió en el Ayuntamiento de Córdoba la noticia de que el Ministerio de Economía y Hacienda había desestimado el recurso por el que se reclamaba la devolución de 562 millones en concepto de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de 1995, cantidad con la que se penalizó al Ayuntamiento por no remitir a tiempo información sobre el esfuerzo fiscal del municipio. La resolución ministerial disponía un plazo de dos meses para plantear un recurso contencioso-administrativo. El equipo de gobierno del PP ocultó este documento, pedido por el grupo socialista, y dejó pasar el plazo sin acudir a los tribunales. La pérdida de estos 562 millones han originado un quebranto para el Ayuntamiento de 1.606 millones de pesetas.

El ex teniente de alcalde de Hacienda del PP, Ricardo Rojas, dio orden de no facilitar al resto de grupos políticos la resolución del Ministerio de Hacienda por la que se desestimaba el recurso interpuesto por el Ayuntamiento, según se desprende del hecho de que desde su departamento no se atendiera a la demanda del grupo socialista que, el mismo día 15, tras comprobar en el registro de entrada la llegada del documento, reclamó que se le diera traslado del mismo. Precisamente ahora, tras la salida del Gobierno municipal del PP y la asunción de responsabilidades de los nuevos dirigentes (IU y PSOE), el grupo socialista ha vuelto a pedir la resolución, la cual le ha sido entregado esta misma semana. La importancia de este hecho no radica en la desestimación del recurso por parte de Ministerio de Economía, algo que ya se esperaba, sino en que no se informara al resto de grupos políticos de la resolución y se dejara expirar el tiempo previsto para recurrir ante los tribunales. La resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, fija un plazo de dos meses para interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contados desde la recepción del documento -15 de marzo-, con lo que dicho plazo expiró a la puerta de las elecciones municipales del 13-J. El PP no sólo renunció a recurrir el cobro de las retenciones sustraídas al Ayuntamiento cordobés de la participación en los tributos del Estado, con un quebranto económico para las arcas municipales estimado en 1.606 millones de pesetas, sino que además violó el acuerdo plenario de abril de 1998 por el que se aprobó unánimemente recurrir hasta las últimas instancias judiciales esta cantidad. Asimismo, cabe mencionar que el plazo previsto para acudir a los tribunales, tras la negativa del Ministerio de Hacienda, coincidía con el pleno desarrollo de la precampaña electoral, algo que a buen seguro consideraron los dirigentes del PP, que han sufrido con este asunto las mayores críticas de su mandato. En su resolución, el Ministerio de Hacienda considera que el Ayuntamiento de Córdoba no aportó en el tiempo previsto la información relativa al esfuerzo fiscal de 1993, motivo por el que fue penalizado. El ministerio niega validez al documento aportado por el consistorio en su recurso, que tiene sello de salida del 28 de septiembre de 1995 -el plazo para aportar los datos acababa el día 30 de ese mes-. Hacienda no entra a considerar si es o no falso, tal y como denunció en su día Nueva Izquierda, pero sí dice que, al no constar ningún otro sello acreditativo de que dicha documentación se presentase ante ningún órgano competente, carece de valor. Censura del Ministerio En cualquier caso, la resolución censura la forma de envío de datos del Ayuntamiento cordobés -correo ordinario-, ya que, según recoge la resolución, la ley exige que estas notificaciones se hagan por "cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado, lo que aquí, evidentemente, no sucede". La pérdida de los 1.606 millones de pesetas se remonta a 1995, ejercicio en el que el departamento de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, dirigido entonces por Julio Berbel, no envió a tiempo la información del esfuerzo fiscal del municipio relativo a 1993. Por ello, las arcas municipales sufrieron la penalización prevista en la ley, que aplica en estos casos el coeficiente mínimo de esfuerzo fiscal. De este modo se perdieron 562.805.739 millones de pesetas, según reconoce la propia resolución del Ministerio de Hacienda. Asimismo, como las cuentas de años posteriores se liquidan en función de los anteriores, dicha pérdida afectó a los fondos recibidos en 1997. Además, el Ayuntamiento tuvo que hacer un mayor esfuerzo financiero para cubrir la bajada de ingresos. Todo ello, según calculó en su día el grupo socialista, y fue aceptado por la opinión pública y los colectivos sociales, generó una pérdida total para el Ayuntamiento de 1.606 millones.