Las cadenas deberán comunicar sus programas con 11 días de antelación

El Ministerio de Fomento se propone poner coto a la contraprogramación. Los operadores de televisión aficionados a ocultar hasta el último minuto su cartelera cinematográfica y a cambiar las películas de un día para otro tendrán que cambiar de estrategia. Un real decreto obligará a las cadenas a facilitar su programación con una antelación de al menos 11 días respecto a la fecha de su emisión.

La guerra de las audiencias ha llevado en los últimos años a las cadenas generalistas a una alocada carrera por mantener en secreto su oferta hasta poco antes de salir al aire. Para poner fin a la práctica de la contraprogramación, el Gobierno ha elaborado un proyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento que regula el derecho de los espectadores a ser informados de los contenidos de las distintas cadenas. En su reciente adaptación, la Ley de Televisión sin Fronteras ya prohibía la contraprogramación. A partir de la entrada en vigor del reglamento, los operadores deberán informar, como mínimo, sobre el título y el tipo o el género de todos los programas que prevé emitir. De esta obligación quedan excluidos los espacios con una duración inferior a 15 minutos.

En el caso de largometrajes cinematográficos, se detalla el contenido de la información, de modo que se identificará el título, el director y el año de producción de la película que se pretenda pasar por la pequeña pantalla. Respecto a otras obras de ficción -telefilmes, telecomedias o telenovelas-, se indicará el título de la producción o el episodio a emitir. En el supuesto de la retransmisión de un espectáculo, se dará a conocer su género. Y si se tratara de un acto musical, el Gobierno obligará a adelantar los nombres de los principales participantes.

El reglamento especifica que sólo serán posibles las modificaciones en la programación anunciada "que sean consecuencia de sucesos ajenos a la voluntad del operador de televisión" y que "no hubieran podido ser razonablemente prevista en el momento de hacerse pública la programación".

Con estas medidas, la Secretaría General de Comunicaciones persigue que el espectador pueda programar el horario que va a dedicar al seguimiento de los programas de televisión. Al mismo tiempo, el organismo que encabeza José Manuel Villar pretende conseguir un mayor grado de transparencia, que permita "un régimen de mayor protección a los usuarios del servicio de televisión".

Según el reglamento, el Gobierno echará la vista encima de las cadenas para comprobar que cumplen su compromisos con el cine. En concreto, la obligación que tienen las televisiones de invertir el 5% de sus ingresos anuales en la producción de largometrajes cinematográficos y audiovisuales. La Secretaría General de Comunicaciones vigilará de cerca los planes de financiación. Antes del 30 de junio de cada año, las entidades televisivas deberán remitir un informe indicando "la forma" como han cumplido sus obligaciones. A la vista de esos informes, la Secretaría General de Comunicaciones podrá requerir "datos adicionales con el detalle que fuere preciso" para permitir comprobar su cumplimiento.

El reglamento marca también la frontera entre autopromoción y promoción de los propios canales, una linde que no quedó demasiado clara en la Ley de Televisión sin Fronteras. Así, tendrán la consideración de anuncios realizados por el operador en relación con sus propios programas aquellos que se refieran únicamente a la programación.

El texto impone también obligaciones a los operadores de servicios de acceso condicional -plataformas digitales, entre otras-, que deberán remitir con 10 días de antelación a Fomento información sobre las modificaciones previstas acerca de sus canales.