Ormazabal intensifica en la última legislatura las expropiaciones y dobla a las de su antecesor

VIENE DE LA PÁGINA 1 La Ley de Tanteo y Retracto fue aprobada por el Parlamento cuando el socialista José Antonio Maturana era consejero de Vivienda. Desde 1988 hasta 1994 en que permaneció en el cargo, utilizó la vía del tanteo sobre 49 viviendas. La llegada de Patxi Ormazabal (EA) a la consejería supuso el despegue definitivo de este instrumento legal: desde 1995 a 1998 se han ejecutado 106 tanteos, más del doble que su antecesor en tres años menos de mandato. El departamento adquirió estos 106 pisos después de pagar a los dueños el precio que pedían oficialmente. Por ejemplo, si el propietario informa al Gobierno que va a vender su vivienda por 12 millones, pero los técnicos de Vivienda tienen sospechas fundadas de que por la zona, características o ubicación del piso, en realidad va a recibir veinte (por encima del precio que rige para una vivienda protegida de la que se ha estado beneficiando durante varios años), lo compran. Así, el vendedor se quedará únicamente con los doce millones y el comprador perderá, probablemente, el dinero negro que haya podido adelantar para cubrir la diferencia entre los 12 millones solicitados oficialmente y los 20 reales. Miguel Ángel Delgado argumenta que los tanteos se han duplicado por una cuestión de voluntad política -"si se tiene una norma es para utilizarla"- y porque se han articulado unos mecanismos presupuestarios, que antes no existían, que hacen viables las actuaciones que se derivan de la ley. "Se hizo una ley sin un soporte presupuestario adecuado a la dimensión que tiene el fraude y a las posibilidades reales de la norma. El instrumento ya de por sí es disuasorio, pero si se emplea lo es mucho más", resalta. La consejería de Ormazabal ha dotado de un presupuesto específico a estas actuaciones. Ahora, el equipo del consejero estudia cómo flexibilizar la Ley de Tanteo y Retracto para utilizarla de una forma masiva. "Si algún ciudadano cree que no actuamos bien, que acuda al juez. La principal preocupación del Gobierno es administrar bien los fondos de los ciudadanos. Las viviendas protegidas se financian con el dinero de todos, pero sólo se benefician de ellas una parte de la sociedad", enfatiza Delgado.