Un recurso de Vidal-Quadras frena la reglamentación del catalán en la URV

La Universidad Rovira i Virgili (URV) ha decidido paralizar el desarrollo del reglamento de usos lingüísticos -que fomenta el uso del catalán- aprobado por el claustro en enero hasta que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie sobre su constitucionalidad. El citado tribunal ha admitido a trámite el recurso en este sentido presentado por la entidad Convivencia Cívica Catalana, presidida por Aleix Vidal-Quadras, senador y ex presidente del PP en Cataluña. El Tribunal Superior dictaminará probablemente en los próximos días una suspensión cautelar del reglamento.

La URV, según informó ayer su rector, Lluís Arola, no desarrollará el polémico artículo sexto del reglamento interno, según el cual "la junta de gobierno debe aprobar el nivel de suficiencia de conocimientos de lengua catalana para la convocatoria de concursos de profesorado". Arola explicó que esta decisión de aplazar la aplicación de este punto se basa en la posibilidad de que los jueces se pronuncien en contra, lo que afectaría a los concursos- oposición convocados hasta que se pronuncie el Tribunal Superior. El rector se manifestó especialmente duro contra la asociación promotora del recurso, al que se han adherido ocho profesores de la URV, y afirmó que lo que pretende Convivencia Cívica Catalana es discutir la Ley de Política Lingüística aprobada por el Parlament. Aun así, Arola aseguró que la universidad no se convertirá en el estandarte de los defensores de la citada ley, aunque luchará en lo posible por la aplicación del reglamento. Éste no es el único episodio polémico en la universidad de Tarragona por el uso del catalán. El rector, Lluís Arola, y dos miembros de la junta de gobierno deberán comparecer mañana en calidad de imputados ante el Juzgado número 3 de la ciudad por la denuncia interpuesta por la profesora Josefina Albert contra ellos por prevaricación y atentado contra los derechos civiles. Albert fue apartada de las correcciones de las pruebas de selectividad después de dirigirse al Defensor del Pueblo para informarle de la negativa recibida por uno de los alumnos a disponer de una copia del examen en castellano. En el juzgado testificará asimismo el profesor José María Fernández, que recibió el mismo trato por parte de la dirección de la universidad. La URV justificó su decisión de apartar a los dos profesores de la corrección de los exámenes de selectividad aduciendo que ninguno de los dos profesores se dirigió a los órganos universitarios antes de acudir al Defensor del Pueblo.