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Entrevista:

"Portugal no negocia con grupos que mantienen litigios en Bruselas"

El ministro de Economía, Joaquím Pina Moura, de 47 años, afirma que el Gobierno portugués no negociará con el BSCH y el Grupo Champalimaud hasta que retiren sus demandas de Bruselas. "El Gobierno", dice, "no negociará con esos grupos hasta que rectifiquen las ilegalidades que cometieron en su acuerdo y decidan terminar con las demandas que interpusieron en Bruselas". El ministro asegura que "el veto al acuerdo" no afectará a las relaciones entre los dos países y sostiene que "no ha habido ni habrá restricciones a las inversiones españolas en Portugal, incluyendo las del sector financiero". Este joven economista, hombre de confianza del primer ministro, el socialista António Guterres, tiene fama de gran organizador y de trabajador incansable. Ésta es la primera entrevista que concede a un medio español un responsable del área económica portuguesa desde el veto del Gobierno al acuerdo BSCH-Champalimaud. Coincide en el tiempo con las afirmaciones del Gobierno luso acerca de la "presión enorme" que, en su opinión, está ejerciendo la Comisión Europea contra el Estado portugués.

Pregunta. ¿No cree que el veto al acuerdo BSCH-Champalimaud ha sido desproporcionado e inapropiado como lo califica la CE?

Respuesta. No, el acuerdo está basado en la ilegalidad y presenta graves deficiencias para su supervisión. Esa alianza no garantiza una supervisión sana y prudente del que sería un nuevo conglomerado financiero. Asimismo, esta decisión no fue tomada por tratarse un grupo español. Se hubiera tomado la misma decisión si esas ilegalidades hubiesen sido cometidas por un grupo portugués o de cualquier otra nacionalidad. El sistema financiero es un sistema muy sensible donde la confianza es absolutamente esencial tanto en el establecimiento como en la marcha del negocio. Es indispensable que el proceso sea rectificado, dado que está lleno de ilegalidades, y que esos grupos decidan terminar con las acciones que desencadenaron en Bruselas.

P. ¿Quiere decir que es necesaria la retirada de las demandas para abrir una negociación?

R. Exactamente. El Gobierno portugués no negocia un proceso que considera lleno de ilegalidades y no negocia una solución con grupos que están litigando con el Ejecutivo en Bruselas

P. ¿Ha habido contactos del Gobierno con esos grupos?

R. .Ése es un asunto que, como dijo el primer ministro, tiene que ser planteado ante los responsables del Ministerio de Finanzas, que son los interlocutores en ese caso.

P. ¿Esa decisión no afectará a las relaciones económicas entre los dos países?

R. El veto no puede, no debe y no afectará a las relaciones entre ambos países. Hoy, las relaciones económicas entre España y Portugal son mucho más ricas que sus simples intercambios comerciales. Van mucho más allá. España es el primer suministrador de Portugal y su segundo cliente. España exporta a Portugal más que a toda América Latina junta. Por su parte, Portugal es el cuarto cliente de España y constituye un mercado esencial para sus exportaciones. Quiero subrayar que las relaciones económicas entre ambos países han sufrido un cambio radical desde que ambos recuperaron los regímenes democráticos e ingresaron en la CEE. Hasta 1974 eran dos países que vivían de espaldas y ahora se han convertido en dos socios activos desde el punto de vista económico. La tasa de crecimiento de las exportaciones portuguesas hacia el mercado español entre 1986 y 1997 fue de un 25,5% al año, mientras esa tasa durante el mismo periodo de tiempo en la UE alcanzaba el 14%, teniendo en cuenta, además, que las exportaciones crecieron en ese periodo a un ritmo del 13%. Eso nos da una idea del enorme avance registrado en nuestras exportaciones para el mercado español. Hay que destacar también que el ritmo de las exportaciones a España creció entre enero y marzo de este año un 13%, cuando en ese mismo periodo se registró un descenso de ese crecimiento, debido a la crisis, en países como Alemania, Francia o Italia.

P. ¿También ha cambiado notablemente el establecimiento de empresas en cada país?

R. Exacto. En 1985 había 102 empresas de capital español registradas en Portugal; ahora hay cerca de 3.000. En 1985, Portugal tenía poco más de media docena de empresas instaladas en España y ahora hay más de 300. Hemos superado los límites del simple intercambio comercial para crear un tejido empresarial nuevo, constituido por capitales de ambos países. También es significativo que los tres sectores fundamentales hacia donde se ha dirigido la inversión española sean la industria transformadora, los servicios financieros y la distribución alimenticia. Los servicios financieros son el segundo destino de la inversión española. Por tanto, no ha habido ni habrá restricciones a la inversión española en el sector financiero portugués.

P. ¿Eso es lo que llama el mercado ibérico, un mercado regional propio dentro de la UE?

R. Exactamente. La dimensión de las relaciones comerciales entre ambos países, sus inversiones crecientes y las políticas concertadas entre ambos Gobiernos para crear infraestructuras comunes en sectores como la energía, las telecomunicaciones o las redes ferroviarias y de carreteras, están orientadas por una visión integrada de la península Ibérica y por una voluntad política común para crear ese espacio ibérico, un mercado regional dentro de la UE.

P. ¿El veto no ha afectado a las relaciones políticas entre ambos Gobiernos?

R. No. Estamos empeñados en la construcción de alianzas estratégicas en diversos sectores como el eléctrico o energético, siempre que sean beneficiosas para ambas partes. Hay un concepto fundamental en estas relaciones que es la cooperación equilibrada y deseada. Esto es muy importante. La confianza entre las dos economías debe basarse en esa cooperación equilibrada y deseada. Esto es válido para todos los sectores, incluido el financiero.

P. ¿Por qué se ha excluido a Repsol de la privatización de Galp?

R. Quiero aclarar que el Gobierno no ha menospreciado a las compañías españolas en ese proceso. Invitamos a tres de ellas, Iberdrola, Cepsa y Gas Natural, que tienen, además, un 45% del capital de Repsol. La razón es la misma por la que no invitamos a Endesa como socio estratégico de la EDP (Electricidade de Portugal) y se adjudicó a Iberdrola. Queremos mercados competitivos y no monopolistas u oligopolistas, lo que sería negativo para los consumidores en ambos países. EDP y Galp son compañías de media dimensión y creemos que deben aliarse con empresas españolas también de media dimensión. De hecho, Iberdrola será la nueva socia de EDP, con un 25% del capital, en la nueva compañía que se encargará de construir y explotar la segunda central de energía eléctrica de ciclo combinado [electricidad y gas] en Portugal. Una prueba más de que la modernización del sistema de energía portugués está realizándose con esa visión integrada del mercado ibérico.

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