Las eléctricas ingresaron 45.645 millones de enero a abril en ayudas pactadas con Industria

La polémica sobre los denominados costes de transición a la competencia (CTC) por valor de 1,3 billones de pesetas para las compañías eléctricas desatada después de que la Comisión Europea los calificara como ayudas de Estado y no como una indemnización por abrirse a la competencia será larga. Aun así, las eléctricas se benefician ya del pacto al que llegaron con Industria. Desde la entrada en vigor de la reforma pactada de la ley eléctrica, el pasado enero, y hasta abril, las eléctricas han recibido, vía tarifa eléctrica, un total de 45.645 millones de pesetas en ayudas.

De esa cifra de ayudas, que incluye, entre otros conceptos, la prima del consumo de carbón nacional, 23.652 millones de pesetas han salido de la aplicación directa del 4,5% de la tarifa eléctrica al pago de compensaciones. Ese porcentaje del 4,5%, que el anterior presidente de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE), Miguel Ángel Fernández Ordóñez, calificó de "impuesto", ha sido también objeto de críticas por parte de la oposición, que lo considera ilegal, mientras que las asociaciones de consumidores reclaman su devolución a los usuarios. Hasta abril, ese 4,5% de la tarifa ha supuesto para las empresas 23.652 millones, cifra que se eleva a 45.645 si se suman las ayudas al carbón y que podría rondar los 60.000 millones en el primer semestre.

La adscripción del 4,5% de la tarifa al pago de compensaciones se aprobó, con los votos del Partido Popular y de sus aliados parlamentarios, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 1999, ley que está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Aunque el Ministerio de Industria califica la decisión de Bruselas de "simple trámite", el hecho de que los 1,3 billones en ayudas pactados con las eléctricas (1,6 si se tienen en cuenta las ayudas por consumo de carbón) hayan sido considerados como ayudas de Estado ha caído como un jarro de agua fría en el sector. Las empresas temen que la Comisión Europea, en el mejor de los casos, recorte sustancialmente la cifra pactada con Industria el pasado año. Fuentes del sector aseguran que una decisión negativa de Bruselas podría tener un impacto negativo en las cotizaciones bursátiles de las compañías.

Por el momento, la operación que desató la polémica, la denominada titulización, que no era otra cosa que el cobro por adelantado por parte de las empresas de un billón de pesetas del total pactado para diez años, ha quedado congelada, y la Comisión analizará caso por caso esas ayudas. Lo que se presumía un buen negocio, empresarial y bancario (en la titulización, los bancos adelantaban el billón a las compañías, colocaban deuda en el mercado y, a cambio, percibían durante 15 años el 4,5% de la tarifa eléctrica), se retrasa y su final es incierto.

Al menos por el momento, la Comisión ha asumido, casi al pie de la letra, el análisis que sobre los CTC llevó a cabo el anterior presidente de la CNSE, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, protagonista de un duro enfrentamiento con el actual ministro de Industria, Josep Piqué, que a la postre se resolvió con la dimisión del primero.

Fernández Ordóñez defendió, ateniéndose a lo estipulado en la Ley Eléctrica, que las ayudas pactadas debían calcularse año a año y en función de determinadas variables como evolución del consumo y de los tipos de interés. En opinión del ex presidente de la CNSE, titulizar, es decir, permitir a las compañías el cobro de una sola vez de un billón de pesetas, era convertir en hecho cierto una simple expectativa de ingresos que debía confirmarse anualmente durante una década.

La crítica fue contestada desde el sector eléctrico y desde el Ministerio de Industria con el argumento de que, a cambio de ese cobro anticipado, las compañías aceptaban un adelanto en el calendario de liberalización del sector -8.000 consumidores podrán elegir suministrador este año y 60.000 el próximo-, así como una reducción de tarifas por encima de lo previsto (4,9% de media este año, frente al 2,5% previsto).

Impacto en las tarifas

Un argumento que fue contestado por la propia CNSE en su memoria de 1998 al señalar que, en realidad, el aparente esfuerzo de reducción de tarifas se quedó muy corto, ya que, dada la evolución de la demanda -Industria estimaba un 2,5% de aumento que la realidad ha multiplicado casi por tres-, la reducción debería haber alcanzado el 7,8%. Los consumidores, y así lo manifestó el pasado viernes el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Carlos Sánchez Reyes, no entienden por qué el consumidor de a pie debe pagar en cada recibo un 4,5% a las compañías cuando éstas "han hecho alarde de que les sobraba el dinero" y se han lanzado a adquirir participaciones de otras empresas -caso de Endesa con Repsol-. "¿Qué otra compañía eléctrica está haciendo eso en Europa?", se pregunta el presidente de la OCU. "Ninguna", concluye.