Los acusados del fraude de las funerarias de Málaga se enfrentan a 39 años de cárcel Se incineraron 2.772 restos de forma irregular

La complicidad entre un empleado del cementerio de Málaga y seis directivos de funerarias de la capital para incinerar de manera clandestina 2.772 restos humanos y obtener así fuertes ganancias merece un duro castigo: 39 años de prisión en total para los siete acusados. El fiscal reclama además en su calificación una indemnización de 150 millones para la empresa que gestiona la necrópolis.

La Fiscalía hace en sus conclusiones provisionales, recogidas ayer por el diario Sur, una detallada reconstrucción de la estafa. Debido a los altos precios que cobraba Parcemasa por las incineraciones, era frecuente que los restos fueran trasladados para su cremación a Sevilla, Granada, Marbella o Alicante. Según el ministerio público, Francisco Y. L., empleado de Parcemasa, se puso en contacto con gerentes y administradores de varias funerarias de la capital y, supuestamente, les propuso incinerar restos de manera clandestina durante la noche. A cambio deberían abonarle de 10.000 a 25.000 pesetas. La cifra no sólo era inferior a la tarifa estipulada por el cementerio malagueño, sino también a la de las demás necrópolis. De ese modo, las funerarias también salían beneficiadas con la ilícita operación, ya que a los familiares del difunto le cobraban un traslado que en realidad jamás hacían. Cenizas sin nombre El ilícito acuerdo comenzó a funcionar, en algunos casos, en junio de 1992. Desde entonces, la Fiscalía calcula que se incineraron de forma irregular un total de 2.772 restos. Y no sólo eso. El empleado entregaba las cenizas en bolsas de plástico sin identificación, "de tal forma que no puede conocerse si las entregadas a los familiares en la correspondiente urna eran las procedentes de la cremación de sus familiares fallecidos". El fiscal jefe, Manuel Villén, autor de la calificación, hace una pormenorizada petición de penas. Para el empleado de Parcemasa, solicita seis años de cárcel por estafa y 24 fines de semana de arresto por un delito contra el respeto a los difuntos. Además, pide que indemnice a Parcemasa con 150 millones y con 100.000 pesetas a cada uno de las familias afectadas. Para el propietario de La Popular, Emilio P. R., reclama seis años de prisión por estafa, tres por falsificación y 24 fines de semana de arresto por un delito contra el respeto a los difuntos. Otro de los acusados es Emilio M. G., adminitrador de La Soledad, para quien la Fiscalía reclama cinco años de cárcel y 20 fines de semana de arresto, la misma pena que pide para José Q. S. y José Francisco G. D., gerentes de La Nueva. Por último, para los gerentes de La Malagueña y GFunesur, Juan L.C. y Juan Manuel O. M., solicita cuatro años y medio de cárcel por estafa y 18 fines de semana de arresto por un delito contra el respeto a los difuntos. Sobre Parcemasa, el ministerio público hace una doble consideración. En tanto perjudicada por el fraude -ya que en sus hornos se cremaron casi 3.000 restos por los que no percibió ingreso alguno-, reclama una indemnización de 150 millones de pesetas. Pero como empleadora del principal acusado, Francisco Y. L., el fiscal concluye que debe responder de manera subsidiaria en el pago de indemnizaciones a los familiares. El fraude de las funerarias se destapó hace dos años. El caso provocó gran alarma social ya que más de 2.000 familias desconocían si las cenizas que habían esparcido eran realmente las de sus difuntos. Al comienzo de la investigación incluso declararon como imputados el gerente y un directivo de Parcemasa, pero finalmente el juzgado que llevaba la instrucción dictó el sobreseimiento de ambos.