El gabinete del doctor Halperin

Su nombre no aparece en ninguno de los contados papeles de la Administración de Clinton sobre la desclasificación de documentos relacionados con abusos de derechos humanos en Chile. Y, sin embargo, cuando hablas con los iniciados de Washington, todos le señalan por su nombre de pila abreviado: Mort. Se refieren, como a un viejo conocido, al doctor Morton H. Halperin. Este hombre de Brooklyn, Nueva York, tiene 61 años y ocupa, desde el pasado 16 de diciembre de 1998, el puesto de director del Equipo de Planificación de Políticas en el Departamento de Estado. Tampoco su nombre figura en el documento más relevante de la Administración de Bill Clinton sobre el caso Chile, el memorándum del 1 de febrero de 1999, que fue difundido íntegramente el miércoles 30 de junio, el día en que se hicieron públicos los 5.800 documentos depositados días antes en la sede de los Archivos Nacionales, en Maryland, por el Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), el Buró Federal de Investigación (FBI), el Departamento de Justicia y las bibliotecas de los ex presidentes Ford y Carter.

En dicho memorándum, redactado con membrete del Consejo Nacional de Seguridad, aparecen citadas cinco personas: Kristie A. Kenney, secretaria ejecutiva del Departamento de Estado; Joseph Reynes, Jr., secretario ejecutivo del Departamento de Defensa; Adrienne Thomas, de los Archivos Nacionales; Frances, F. Townsend, asesor legal para Política de Inteligencia del Departamento de Justicia, y la secretaria ejecutiva en funciones de la CIA,Vicki M. Hupp.

Pero no está el nombre de Mort.

"Mi información es que Mort ha jugado un papel muy sensible en este proceso", dijo a este periódico el abogado Reed Brody, uno de los directores de la organización Human Rights Watch, de Nueva York. "Precisamente, Morton Halperin estuvo en su día con Henry Kissinger en la Administración de Nixon. No hay nadie como él que conozca este tema", añadió Brody. Otro experto en desclasificación de material sobre Chile, Peter Kornbluh, del Archivo de Seguridad Nacional, entidad privada que se dedica a compilar e investigar material desclasificado sobre distintos países, coincide. "Halperin es el hombre. No es la única, pero sí la persona clave", dijo Kornbluh a este periódico. Halperin es un funcionario de carrera. Estudió en la Universidad de Columbia y obtuvo, más tarde, otro título en Yale sobre relaciones internacionales. Y empezó una dilatada actividad en el Gobierno, primero en la Administración del presidente Lyndon Johnson y después en la de Richard Nixon, donde coincidió, en el Consejo de Seguridad Nacional, con Henry Kissinger.

Dejó la Administración de Nixon a raíz de un incidente con Kissinger, quien, según Halperin, ordenó grabarle conversaciones telefónicas, por lo cual demandó a la Administración de Nixon, pleito que ganó en 1976.

Halperin pasó a dirigir un importante proyecto para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Para entonces ya era un especialista en el tema sobre el cual nadie duda sobre su conocimiento: la relación entre el papel de las agencias de inteligencia y el secreto de los actos de gobierno.

En 1992, cuando Bill Clinton ganó las elecciones, quiso llevar a Halperin al Pentágono para el puesto de los derechos humanos. Pero en el Senado, el archirreaccionario republicano Jessie Helms bloqueó el nombramiento; en 1993 fue nombrado asesor político del secretario y del subsecretario de Defensa, hasta que Clinton le designó, en febrero de 1994, adjunto especial suyo y director ejecutivo para la Democracia en el Consejo Nacional de Seguridad.

Volvió a dejar la Administración en 1996 durante dos años, en los cuales trabajó para think tanks o instituciones dedicadas al pensamiento y la planificación estratégica, como The Century Foundation/Twentieth Century Fund, para regresar al Gobierno, a finales de 1998, cuando fue nombrado en el Departamento de Estado como director del Equipo de Planificación de Políticas.

Otro de los hombres que han aportado su ayuda en este proceso es Harold Hongju Koh, un hombre de 42 años, hijo de coreanos, abogado y profesor de Derecho en Yale, que es secretario adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo en el Departamento de Estado. Koh se encargó, con fecha 28 de junio, dos días antes de la desclasificación, de escribir tres cartas. Dos de ellas eran idénticas e iban dirigidas a Isabel Letelier, viuda de Orlando Letelier, y Michael Mof-fitt, viudo de Ronni Moffitt. En las cartas, Koh anunciaba que se estaba llevando adelante una investigación sobre el caso Letelier-Moffitt y que por ello el Departamento de Justicia había retenido algunos documentos desclasificados, cuya difusión "podría ser perjudicial para la investigación en curso". La tercera carta fue dirigida a Joyce Horman, la viuda del periodista norteamericano Charles Horman, ejecutado en septiembre de 1973 en Santiago de Chile.

En el Consejo Nacional de Seguridad (CNS), otro de los hombres que han visto con simpatía el proceso es Arturo Valenzuela, nacido en Chile, y nombrado recientemente para el puesto de relaciones con América Latina. Valenzuela escribió en marzo, antes de ser nombrado en el CNS, un amplio artículo para la revista Current History, en el que comenta el primer juicio a Pinochet en la Cámara de los Lores y se muestra a favor del proceso de extradición a España.

Por último, pero no menos importante, es el papel de Mark Richard, uno de los responsables de la división penal del Departamento de Juticia, que viajó a Madrid en el mes de mayo para entrevistarse con el juez Baltasar Garzón a fin de cooperar en la investigación del caso Letelier.

Richard ha sido fiscal y lleva más de 25 años en el Departamento de Justicia. Nada más estallar la bomba, el 21 de septiembre de 1976, que asesinó en Washington a Letelier y su colaboradora, Ronni Moffitt, fue Richard uno de los hombres que participó en la investigación y posterior procesamiento de Manuel Contreras y otros acusados.