El alcalde planea un frente con la oposición para arrancar de la Comunidad la ley de capitalidad

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, quiere el apoyo de sus adversarios, PSOE e IU, para sacar adelante una ley de capitalidad redactada por el gobierno municipal en 1998. El Ejecutivo regional, del PP, rechazó entonces el texto al considerar que su contenido podría ser "inconstitucional". Mercedes de la Merced, segunda teniente de alcalde, afirmó ayer: "Sabemos que será dura la negociación, la Comunidad intentará no ceder ninguna competencia". El Ayuntamiento, según De la Merced, pondrá el acento en gestionar los servicios sociales y avanzó que en urbanismo habrá entendimiento.

En su primera comparecencia pública tras ser nombrada segunda teniente de alcalde, Mercedes de la Merced reveló que había entregado personalmente en junio a Cristina Narbona, del PSOE, e Inés Sabanés, portavoz de Izquierda Unida (IU), un borrador de la ley de capitalidad preparado por el Ayuntamiento hace más de año y medio. "A mí me dolería que después de estos cuatro años no saliera adelante la ley. Me voy a empeñar personalmente en ello", enfatizó De la Merced, responsable de las relaciones del Ayuntamiento con otras instituciones. Como muestra de ese empeño, anunció que espera que PSOE e IU le hagan llegar sus propuestas y hacer un texto "consensuado entre todas las fuerzas políticas". A juicio de De la Merced, la ley de capitalidad estará en vigor muchos años y sería erróneo que se aprobara "una ley aprobada sólo con los votos del PP". "Queremos que salga adelante en esta legislatura y con el mayor consenso posible, porque consideramos que sería malo si se aprueba en el Parlamento sin un respaldo mayoritario", afirmó. Pero más allá de los posibles reparos de la oposición a una iniciativa legislativa del PP, Álvarez del Manzano busca ese consenso con PSOE e IU como una fórmula para romper las resistencias que ha encontrado en el Gobierno regional, regido por su mismo partido. Es el Ejecutivo regional el que tiene la competencia para elaborar esa normativa, pero mantiene el proyecto parado desde 1996, cuando entregó un texto al Ayuntamiento que no aceptó el gobierno municipal.

Viejo borrador

De hecho, el borrador de 208 artículos entregado por De la Merced a PSOE e IU, denominado Ley Especial de Madrid, fue un intento fallido del alcalde de romper esa situación. Tras su difusión, en febrero de 1998, el proyecto fue tajantemente rechazado por Alberto Ruiz-Gallardón. La propia Mercedes de la Merced reconoció ayer el desencuentro entre el Ayuntamiento y la Comunidad. "Sabemos que será dura la negociación con la Comunidad, que intentará no perder ninguna competencia", dijo. Y matizó posteriormente: "El Ayuntamiento no quiere hurtar competencias a la Comunidad, sino ordenarlas, porque es malo que una competencia esté compartida. En ningún caso se piden competencias en materia legislativa. Los ayuntamientos no legislan, ordenan".

No fue ésa la opinión, en cambio, del Ejecutivo regional, que tildó de "inconstitucional" la idea municipal de ley de capitalidad. Alberto Ruiz-Gallardón, que tomará hoy posesión como presidente regional en su segundo mandato, señaló entonces que "una ley de capitalidad nunca podría restar competencias urbanísticas a la Comunidad debido a que el Estatuto de autonomía lo veta explícitamente".

Respondía así a las propuestas recogidas en el capítulo de Urbanismo (artículos 83 al 89). Álvarez del Manzano sigue planteando en ellos que el Ayuntamiento pueda aprobar sus proyectos urbanísticos en solitario. "Las autorizaciones de otras administraciones nunca tendrán carácter previo ni vinculante con respecto a las del Ayuntamiento de Madrid", según recoge el punto 3 del artículo relativo a las competencias urbanísticas.

Mercedes de la Merced mostró ayer, en cambio, su convicción de que esas discrepancias quedarán zanjadas. "En urbanismo vamos a llegar a un entendimiento. Ellos", dijo en relación al Gobierno regional, de su mismo partido, "tienen que hacer la Ley de Ordenación del Territorio y espero que ahí se distribuyan las competencias".

Según De la Merced, el Ayuntamiento concede más importancia a la gestión directa de los servicios sociales que a la posibilidad de hacerse con competencias en materia de urbanismo.

La edil mencionó específicamente a las residencias de ancianos, guarderías, colegios o bibliotecas como algunos de los centros que podría reclamar a la Comunidad.

En esa línea, los artículos 127 y 128 del borrador, dedicado al capítulo de Servicios Sociales, recogen que el Ayuntamiento, "con las dotaciones, recursos económicos y humanos que aporten otras administracciones públicas, asumirá la gestión de los centros de acogida a menores, transeúntes e indigentes. Viviendas tuteladas para mayores, discapacitados y jóvenes inadaptados. Así como centros de día, hogares y, en general, todo tipo de centros de relación social dirigidos al conjunto de la población o a determinados colectivos".