La juez se declara incompetente para juzgar la legitimidad de la presidencia de FAPA-Valencia

La juez encargada del enrevesado conflicto de la federación provincial de padres de alumnos FAPA-Valencia, Rocío Moreno de Viana-Cárdenas, se ha declarado "incompetente" en el caso que enfrenta al sector crítico, aglutinado en la recién electa comisión gestora, y al presidente de la federación, Antoni Garcés, por el control del movimiento. En una resolución del pasado 2 de julio, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, concedió a Garcés el "auxilio (...) para el ejercicio de sus legítimos derechos (...) puesto que acreditaba su condición de presidente de FAPA mediante certificación emitida por la consejería competente". A resultas de esa decisión, Garcés desalojó a la gestora de la sede de FAPA-Valencia y cambió la cerradura. Paradójicamente, la juez subraya ahora en otra resolución que aquella decisión "no supone declaración de derecho alguno de ninguna persona, en contra de lo que han entendido las partes interpretando dicha resolución en su propio beneficio", en alusión a las declaraciones de Garcés en contra de la gestora cuando volvió a tomar posesión. El desalojo ya no puede dejarse sin efecto y tampoco "cabe restituir posesión alguna, ya que dicha cuestión excede la competencia de este juzgado, al que no le corresponde decidir sobre la titularidad de FAPA-Valencia", dice la juez. Por último, recuerda que todo ello es "sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera haber incurrido Garcés", y recomienda la vía civil. La gestora calificó ayer esta situación de "injusta e irregular" y atribuyó a Garcés, "cesado por unanimidad" en asamblea del 26 de junio, el desprestigio de la federación.