El caso de Melilla

ES POSIBLE que, para los dos concejales socialistas de Melilla, elegir entre el gilismo (el GIL) y el PP -que gobernó la ciudad durante un largo periodo no exento de escándalos- sea como hacerlo entre la peste y el cólera. Pero las directrices de la ejecutiva de su partido no admitían duda sobre el sentido del voto tras un acuerdo cuyo propósito era impedir que el populismo del alcalde de Marbella, Jesús Gil, apoyado en una amalgama de intereses económicos de dudoso origen, extienda sus dominios a ambos lados del estrecho de Gibraltar. No se trataba, pues, de una especie de trágala impuesto por una ejecutiva lejana, más o menos informada, a unos representantes locales que conocen la situación con más detalle. Sin duda, los concejales electos del PSOE melillense tenían sus razones, incluso buenas razones, pero en esta ocasión no eran las de su partido. Ayer lo entendieron así y, después de reunirse con la dirección del partido, anticiparon su renuncia para facilitar un nuevo pacto que excluya del gobierno municipal a los gilistas. Se comprende el malestar causado en la cúpula del PSOE y la rapidez con que ha reaccionado. Lo que procede ahora es recomponer cuanto antes un acuerdo que permita gobernar sin el GIL una corporación fragmentada, con media docena de grupos que en varios casos son simples escisiones de los dos partidos nacionales. Una cuestión nada fácil, o, en todo caso, más difícil ahora que antes de la votación del sábado. A primera vista parece más factible recomponer una coalición de gobierno en torno al presidente electo, con exclusión del GIL y participación de los restantes grupos, aunque el PP reclama su derecho a hacer valer la condición de segundo partido más votado que le otorgaron las urnas.

Pero cerrar el paso al GIL en la gobernación de Melilla, como ya ha sucedido en Ceuta, no resuelve el desafío que este movimiento de corte populista plantea a las fuerzas democráticas. El gilismo no ha surgido por generación espontánea. Es cierto que su demagogia no tiene límites y que sus recursos económicos son abundantes. Pero es difícil que hubiera llegado a ocupar un espacio político sin las facilidades que le han dado previamente los partidos democráticos. Impedir que gobierne es un objetivo que justifica la alianza entre fuerzas democráticas dispares, pero siempre que sea para desarrollar políticas capaces de quitar a los electores la tentación de volver a votarlo.