Las competencias de la nueva Asamblea

La dinastía Estuardo convirtió a Edimburgo en residencia real, sede del Gobierno y, por ende, capital de Escocia. La unión de las coronas, por la cual Jaime VI de Escocia y I de Inglaterra se trasladó en 1603 a Londres, mermó buena parte de la actividad social y cultural. Cuando los Parlamentos hicieron otro tanto en 1707, la Cámara desapareció de la ciudad. La reapertura de ayer será provisional sólo desde el punto de vista logístico. El nuevo edificio, diseñado por el arquitecto catalán Enric Miralles, estará listo en el año 2001. Una contingencia que no hará mella en la actividad legislativa. Desde hace casi trescientos años, Escocia maneja sola la justicia y la educación. La Iglesia, presbiteriana, difiere también de la de Inglaterra. La actual devolución de poderes legislativos ha dejado en manos del Parlamento todas las carteras ostentadas por el antiguo Ministerio de Escocia, llamado oficialmente Oficina para Escocia. Sus señorías podrán legislar a partir de ahora en materias de sanidad, educación, gobierno local, vivienda, transportes, interior, medio ambiente y agricultura. Y lo más importante de todo, la Cámara estará capacitada para subir o bajar hasta un total de un 3% el impuesto sobre la renta fijado por el Ministerio de Hacienda desde Londres. La política exterior, el empleo y la seguridad social, así como todo lo relativo a la seguridad nacional, la defensa y los temas constitucionales, seguirán dependiendo de Westminster, sede del Parlamento británico.

La Asamblea de Gales, que inició también ayer sus tareas, carece, por el contrario, de poderes legislativos. Sus 60 miembros podrán tomar decisiones acerca de la gobernación local, pero sus cuentas están fijadas. Disponen de los 8.000 millones de libras esterlinas (algo más de dos billones de pesetas) de presupuesto gestionado hasta la fecha por la Oficina para Gales. Ésta ha sido ya desmantelada después de operar durante 34 años entre Londres y Cardiff. Sus 2.000 empleados lo son ahora de la Asamblea. Los tribunales, por su parte, podrán ver los casos elevados al Supremo y en donde los ciudadanos hayan demandado a las autoridades territoriales.