Una proposición vinculada al proceso de paz

La necesidad de una proposición de ley de víctimas del terrorismo la planteó el presidente del Gobierno, José María Aznar, el pasado 20 de diciembre en una declaración solemne en el Palacio de La Moncloa sobre el proceso de paz en Euskadi, tres meses después de que la organización terrorista ETA declarase una tregua indefinida, el 16 de septiembre de 1998. Aznar anunció su pretensión de enviar a las Cortes una ley de víctimas del terrorismo que tuviera el rango de proposición de ley, esto es, acordada conjuntamente y por iniciativa de todos los partidos y, por tanto, de tramitación urgente. Se fijó como meta para su tramitación este periodo de sesiones, que hoy acaba.

Tanto portavoces del Ejecutivo como los de los partidos de la oposición han declarado que esta ley era necesaria en la medida en que el Gobierno estaba dispuesto a abrir conversaciones con ETA, en las que se iba a dirimir, si la banda renunciaba a la violencia de modo definitivo, un proceso de excarcelación de sus presos.

En estas condiciones tanto el Ejecutivo como los partidos del arco parlamentario estimaban necesario un reconocimiento de las víctimas del terrorismo previo a las medidas para favorecer a los etarra en prisión. "Primero son las víctimas y luego los presos", ha manifestado reiteradamente el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, y los portavoces socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba y Ramón Jáuregui.

Las asociaciones de víctimas del terrorismo, en sus conversaciones con el Gabiente de José María Aznar y los partidos de la oposición, han planteado una doble dimensión del problema: el reconocimiento social de las víctimas y las indemnizaciones.

Presos homenajeados

El reconocimiento social de las víctimas adquiere una dimensión especial en el País Vasco donde los presos de ETA que han salido de las cárceles, una vez cumplidas sus condenas, eran homenajeados mientras las víctimas eran silenciadas. Una vez conocido el primer texto del Gobierno, en abril, las asociaciones de víctimas insistieron en ampliar aún más el reconocimiento social de los que padecieron el terrorismo. El largo preámbulo que ayer concertaron los partidos se extiende en este reconocimiento. Las asociaciones de afectados por la violencia terrorista han llamado también la atención por la desigualdad de las situaciones. Hay víctimas o familiares de víctimas que han percibido altas indemnizaciones, sobre todo en las sentencias judiciales de los últimos años mientras en otros muchos casos estas compensaciones son muy bajas. Incluso hay casos en que no hay sentencias. La proposición de ley trata de resolver estas desigualdades con el establecimiento de un baremo mínimo elevado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0030, 30 de junio de 1999.

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