El convenio de Salburua no se puede anular, según los dueños del suelo

Los propietarios privados de Salburua y Zabalgana, las dos áreas por donde crecerá Vitoria en los próximos años, han encargado sendos informes jurídicos a expertos en Urbanismo en los que se asegura que el convenio aprobado por el Ayuntamiento de Vitoria en mayo no se puede anular. El PP y los socialistas han anunciado su intención de inutilizarlo si acceden al gobierno municipal. El acuerdo, que implica municipalizar 6,2 millones de metros cuadrados, sólo cuenta con el apoyo del PNV y UA.

Ante la posibilidad de que ni los nacionalistas ni Unidad Alavesa formen parte del próximo equipo de gobierno municipal, los dueños de Salburua y Zabalgana se han armado de argumentos jurídicos para una posible negociación en un futuro cercano. Han pagado dos informes jurídicos, uno a un catedrático de Derecho de Urbanismo y otro a un experto que ejerció de secretario de Estado de Vivienda cuando el Gobierno socialista dictó la anterior Ley del Suelo. En los dos estudios se asegura que el convenio "no es lesivo para los intereses de la ciudad" y se defiende que "el pleno municipal es soberano" y, por lo tanto, no se puede anular la decisión adoptada el 7 de mayo pasado. Estos argumentos impedirían el proceso necesario si es que algún grupo político quisiera revocar la votación del pleno. Para ello, se requieren unas complicadas gestiones, que terminarían en el Consejo de Estado, pero una decisión plenaria sólo se podría anular si se entiende que atenta contra el interés público. "Pero no es lesivo, al contrario. El Ayuntamiento aporta un 20% del terreno [1,6 millones de metros cuadrados] y se lleva el 60%", afirmó ayer un representante de los propietarios. El convenio obliga a los particulares a ceder su terreno (4,5 millones de metros) al Ayuntamiento. A cambio, obtienen el aprovechamiento urbanístico del 40% de las 21.000 viviendas que se construirán en esas dos zonas. Según un estudio municipal, de esta operación el municipio obtendrá 32.493 millones de pesetas, por 65.818 millones de los propietarios. Desde el Ayuntamiento, el propio alcalde, José Ángel Cuerda, había admitido que su plan urbanístico no tenía garantizada la puesta en marcha. Dependía de si el próximo gobierno municipal lo asume o no. El instrumento del que se valdrá la próxima corporación para anular el convenio o sacarlo adelante es el Plan General de Ordenación Urbana, pendiente de aprobar en el Ayuntamiento. El acuerdo con los propietarios no tendría validez si no se incluye en él. Este argumento, válido hasta ahora entre los concejales tanto del equipo de gobierno como de la oposición, no lo comparten los propietarios, a través de sus informes jurídicos. Sostienen que el convenio obliga de por sí al Ayuntamiento a introducirlo en el Plan General, y que la única forma de anular el acuerdo pasaría por una fuerte indemnización del consistorio a los particulares.