Pena capital

La sentencia de muerte contra Abdalá Ocalan no ha sorprendido. El tribunal turco de Seguridad del Estado ha considerado culpable de alta traición al jefe de la guerrilla kurda, a quien responsabiliza de la muerte de cerca de 30.000 personas a lo largo de catorce años de insurrección. El fallo ha echado a la calle a miles de kurdos en varias ciudades europeas, y suscitado la protesta de los Gobiernos de la UE -Alemania teme que peligre la convivencia en su propio territorio- y de las organizaciones pro derechos humanos, que critican la parcialidad del proceso. Muchos turcos, en contrapartida, muestran su alborozo por la imposición de la pena capital a quien consideran su mayor enemigo. La condena tiene aún un largo recorrido legal. Deberá ser confirmada por una instancia de apelación, aprobada por el Parlamento turco y ratificada por el jefe del Estado. Ocalan no es muy querido por los diputados turcos. Dos de los tres jefes de partido que forman la coalición gobernante de Bulent Ecevit se han pronunciado por la ejecución, que, en cualquier caso, no puede llevarse a cabo sin haber escuchado antes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ocalan, de 51 años, es, con toda propiedad, el jefe de una organización - el Partido de los Trabajadores del Kurdistán- que practica el asesinato, el terrorismo y la extorsión. Pero ésta es sólo una de las caras de la moneda. La otra es que desde 1923, el año de su nacimiento como república, Turquía ha ignorado las reivindicaciones de su minoría kurda, al menos diez millones de personas, a las que niega derechos elementales y contra las que sigue lanzando en el suroeste del país a un ejército que destruye aldeas, expulsa a inocentes y encarcela arbitrariamente.

Por eso sería un grave error que Ankara, que no ha ejecutado a nadie desde 1984, aplicara la pena capital a Ocalan. El líder kurdo, detenido novelescamente en Kenia en febrero por agentes secretos de su país, ha dicho durante el juicio que si se le perdona la vida pedirá a sus incondicionales que abandonen las armas y cooperen en la construcción de un Estado más tolerante. El Gobierno debe tomarle la palabra. La violación de los derechos humanos ha socavado la ambición turca de incorporarse a la UE. Ahora tiene la ocasión histórica de ejercer la magnanimidad y poner los cimientos de la reconciliación con los kurdos.