Justicia paga un millón por enterrar a una joven sin avisar a la familia

Un millón de pesetas por daños morales. Ésa es la cantidad en la que el Ministerio de Justicia ha estimado los perjuicios causados a los padres de una chica desaparecida en Barcelona que no fueron avisados ni por el juzgado ni por la policía de que había fallecido y había sido inhumada. La resolución ministerial asegura que existió un "funcionamiento anormal y anómalo" de la Administración de justicia.

Tras ocurrir los hechos, la familia de Trinidad Rodríguez López exigió la responsabilidad patrimonial del Estado y reclamó del Ministerio de Justicia y del de Interior 50 millones por los daños morales y otras 324.500 pesetas por los gastos por la búsqueda de la chica. Ahora, Justicia ha estimado parcialmente esa reclamación, y también ha acordado abonar otras 200.000 pesetas por "daños materiales o económicos". La familia califica las cifras de ridículas, y ya ha recurrido la resolución como paso previo a la presentación de un recurso contencioso-administrativo. "El precio del dolor, el sufrimiento, el pesar, la angustia, la amargura, están en la realidad sin necesidad de ser acreditados", afirma el abogado en sus alegaciones ante el ministerio.

Trinidad Rodríguez desapareció el 20 de noviembre de 1996 de su domicilio de Barcelona, cuando tenía 22 años, y fue hallada muerta por sobredosis de droga ocho días después en un municipio cercano. El 29 de ese mismo mes, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Santa Coloma de Gramenet, Enrique Molina Villalba, ordenó la inhumación, sin que el juzgado ni la policía avisaran a la familia. La madre afirma que era habitual que la chica se marchara unos días y luego regresara, por lo que no acudió a comisaría hasta pasada una semana. Sin embargo, afirma que la policía la convenció para que no presentara denuncia al relatar los ambientes marginales en los que se movía la chica.

Finalmente, el 18 de enero de 1997, la madre denunció la desaparición ante los Mossos d"Esquadra y la policía autonómica, y un juzgado de Barcelona abrió diligencias. La madre empezó entonces un peregrinaje por todas las cadenas de televisión explicando el caso, hasta que el 1 de octubre de 1997 acudió al Registro Civil para solicitar un documento y se enteró de que su hija llevaba 10 meses muerta y enterrada.

Datos conocidos

El Ministerio de Justicia recuerda que "los datos de la fallecida constaban en el atestado policial, por lo cual no existía dificultad alguna para ponerse en contacto con sus familiares". Sin embargo, el Ministerio del Interior sostiene que la policía realizó "el esfuezo exigible" para localizar a los familiares y por eso desestimó cualquier responsabilidad, en una resolución fechada el pasado día 7 de este mes. "El juzgado y la policía trataron a mi hija como una basura, porque pensaron que, como tenía el sida, nadie se iba a interesar por ella. Pero se equivocaron por completo", afirma la madre.