La policía de Alcobendas fichó desde 1994 datos íntimos de detenidos

La Agencia de Protección de Datos ha abierto un expediente por infracción muy grave, que puede derivar en una sanción de 100 millones de pesetas, contra el Ayuntamiento de Alcobendas, gobernado por el PSOE. El caso que ha dado pie a la intervención de Protección de Datos arrancó en mayo pasado cuando se publicaron las hojas de filiación que acababan de ser repartidas entre los policías locales de Arganda del Rey. Al tiempo que el PSOE pedía la dimisión de los responsables municipales de Arganda, del PP, éstos reconocieron los hechos pero argumentaron que las fichas no habían llegado a utilizarse (extremo que ahora ha confirmado Protección de Datos). El PP de Arganda, sin embargo, señaló que el uso de estas hojas (con datos sobre enfermedades infecciosas, vida sexual, raza, indumenatria, ademanes y hasta acento de los detenidos e identificados en la calle) era una práctica que su director de seguridad había importado de Alcobendas, municipio gobernado por los socialistas. Entretanto, la Fiscalía de Madrid inició una investigación de oficio y la Fundación Triángulo, formada por gays y lesbianas, denunció los hechos ante la Agencia de Protección de Datos, que ahora ha abierto expiente por infracción muy grave contra el Ayuntamiento de Alcobendas.

El presidente de la Fundación Triángulo, Miguel Ángel Sánchez, indicó que va a pedir a todos los cuerpos de seguridad que revisen si poseen registros de este tipo. "Es triste que se den casos de involución como el de Alcobendas. Aunque tampoco se puede dejar de reprobar éticamente lo ocurrido en Arganda, donde aunque no llegaron a utilizarlo, lo intentaron".

El Ayuntamiento de Alcobendas, por su parte, ha asegurado que de las 1.905 fichas irregulares encontradas en sus archivos sólo 40 recogen datos protegidos y todos ellos referidos, única y exclusivamente, a enfermedades infecciosas. En algunos casos estas fichas pertenecen a delincuentes habituales y en otros a "individuos peligrosos". Según el concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Sánchez Arias, "todos estos datos han sido suministrados o bien por otras administraciones u organismos, como pueden ser hospitales o centros penitenciarios, o por los propios detenidos de una forma voluntaria".

El concejal reconoce que las fichas encontradas contienen campos de datos "con redacción desafortunada, inapropiada e inútil, como lo demuestra el propio hecho de que no se han rellenado en su mayoría".

El edil alcobendense insistió en que el equipo de Gobierno nunca tuvo conocimiento de la creación y uso de estas fichas irregulares, hasta que no se hizo público el caso en Arganda. Una vez conocido, "se cancelaron todas las fichas que encontramos en las que aparecían campos de datos susceptibles de vulnerar derechos fundamentales de los detenidos".

El concejal explicó que en noviembre de 1994, el pleno municipal aprobó las características de los ficheros informatizados municipales, entre los que se encontraba el correspondiente a intervenciones policiales. Según él, en estos ficheros no se incluyeron datos relativos a religión, sexualidad o características antropomórficas. Sin embargo, el edil reconoce que una vez abierta la investigación interna sí aparecen hojas con datos de especial protección por la ley. "La existencia de estos campos en las fichas no es detectada por los responsables municipales porque este fichero, desde su creación, tiene una finalidad policial y su acceso está restringido a ese cuerpo".

Sánchez Arias asegura que "en todo momento se ha mantenido la máxima confidencialidad de los datos y nunca se han usado para ningún fin que no fuera estrictamente policial". Para el concejal, este registro "no ha vulnerado derechos fundamentales de las personas, puesto que sólo se ha recabado información sobre enfermedades infecciosas en casos excepcionales de delincuentes peligrosos y siempre bajo secreto profesional".