El Gobierno aprueba la ley de los funcionarios pese a que no podrá tramitarse en esta legislatura

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Estatuto de la Función Pública a sabiendas de que no se tramitará en las Cortes en esta legislatura por falta de tiempo. El proyecto, que afecta a dos millones de funcionarios, regula la carrera administrativa, abre la puerta a la movilidad y reconoce la negociación colectiva. Cuenta con el apoyo de los sindicatos y, según el Gobierno, también de CiU y Coalición Canaria. El PSOE ha señalado que la aprobación es "una bofetada al Estado de las autonomías" porque "se ha aprobado antes de constituirse los nuevos gobiernos" de las comunidades.

El ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, admitió ayer que el Estatuto de la Función Pública no podrá tramitarse, pero le pareció adecuada su aprobación para dejarlo a punto para la próxima legislatura y para cumplir su compromiso con los sindicatos de la Función Pública y las comunidades autónomas. Todo lo contrario opinó el portavoz socialista en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, José Luis Rodríguez Zapatero, quien denunció que la aprobación es "una chapuza" y "una bofetada" al Estado de las autonomías por haberse hecho antes de que se constituyan los nuevos gobiernos autonómicos, "donde se producirán importantes cambios". El Estatuto de la Función Pública es una ley de bases, que afecta tanto a la Administración central como a las comunidades autónomas, y que fue congelada hace un año por el anterior ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, tras un dictamen crítico del Consejo de Estado. El alto organismo "cuestionaba seriamente" el proyecto a la luz del "principio de igualdad (de oportunidades) y cohesión (territorial)" en lo referente al sistema de selección de los funcionarios, al no dejar claro que la oposición debe ser el sistema preferente de acceso. Ácebes dijo ayer que el texto aprobado por el Gobierno ya ha tenido en cuenta estas sugerencias.

Nuevas categorías

El proyecto desvincula las categorías profesionales del puesto de trabajo, con la pretensión de prolongar una carrera que suele recorrerse con excesiva rapidez en los funcionarios más preparados. El ascenso profesional en la Administración sigue ahora el escalón jerárquico de los niveles (del 1 al 30), pero el Estatuto introduce nuevas categorías profesionales, desgajadas del escalafón. Según la nueva regulación, los funcionarios dispondrán de un complemento salarial por categoría además del complemento específico y el de destino. La promoción, según el Estatuto, se hará de acuerdo con la titulación y la superación de las pruebas correspondientes.

La movilidad en el puesto de trabajo es otra de las aportaciones. Quienes ocupen puestos genéricos -técnicos de recursos, por ejemplo- podrán ser objeto de traslado en función de las necesidades de la Administración. La movilidad tendrá como límite el del municipio y, sólo en caso extraordinario, fuera de la localidad. En ambos casos requiere la conformidad entre la Administración y el funcionario. También abre la puerta a que los funcionarios tengan incentivos por rendimiento.

El reconocimiento de la negociación colectiva, de una manera práctica, ha permitido que el Estatuto tenga el apoyo de todos los sindicatos de la Administración. Desde el año 1987 está reconocida formalmente la negociación colectiva, pero sometida a numerosas trabas. Antes no tenía eficacia directa porque su cumplimiento no era obligatorio y necesitaba pasar por numerosas pruebas que lo paralizaban: Consejo de Ministros y trámites reglamentarios.

El proyecto de Estatuto obliga también a la Administración a cumplir sus acuerdos con los sindicatos. Las excepciones proceden de acuerdos que dependen del Parlamento.

Pegas de los nacionalistas

Los nacionalistas mantienen serias reservas a un proyecto que, al ser formalmente una ley de bases, afecta a las comunidades autónomas. El PNV se opone frontalmente al mismo, pero las pegas que ponen CiU y Coalición Canaria (CC) son limitadas, según Acebes. Ambos grupos presentarán sólo enmiendas parciales al proyecto. La crítica más dura procede del PSOE e Izquierda Unida (IU). El portavoz socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, denuncia que el proyecto de Estatuto "no consagra un modelo de función pública" sino que "es una suma de cosas".

Rodríguez Zapatero estima también que el proyecto de Estatuto "no avanza en la profesionalización" sino que "aumenta la arbitrariedad en el sistema de acceso a la carrera y en el aumento de la libre designación".

Por último, el representante socialista cree también que la nueva legislación sobre la Función Pública "provoca una gran inseguridad jurídica" al promover 120 leyes de desarrollo.