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El milagro de san Pablo, en la Universidad

Desde que se promulgó la LRU en 1983 no han cesado ni las quejas sobre la validez de algunos contenidos -en particular los que atañen a los criterios de selección del profesorado- ni los insistentes rumores sobre inminentes contrarreformas de la ley que, 16 años después, todavía no se han concretado. Como un condenado pendiente de la revisión de su causa que nunca llega, la Universidad ha vivido este periodo adaptándose a una realidad legislativa frágil, con visos de provisionalidad, que ha producido situaciones "de hecho" irreversibles. Una de las últimas sacudidas se produjo el pasado enero, tras un editorial de Nature, que nos cubrió de vergüenza entre la comunidad internacional, denunciando el escandaloso amiguismo que, con excesiva frecuencia, domina las temibles oposiciones universitarias. Como la claridad cegadora que derribó a san Pablo, convirtiéndolo a la fe verdadera, por el comentario de Nature se hizo la luz en la mente de los responsables político-universitarios, que descubrieron entonces las ruindades e injusticias del método de selección del profesorado y abogaron por su urgente reforma. Meses después, el nuevo equipo ministerial se ha despachado con un documento teóricamente destinado a mejorar la estabilidad y promoción del profesorado universitario, que ha merecido la inmediata reprobación de los agentes sociales por su vaguedad y falta de contenidos. En espera de su concreción, la iniciativa ministerial no acomete los graves problemas de fondo de la Universidad y se barrunta en la línea de no remediar el desprestigio de "la cosa pública".

Sigue pendiente la reforma en la composición de los tribunales que juzgan los llamados concursos-oposición, el mecanismo que, desde tiempos inmemoriales, viene regulando el acceso al club de los elegidos para la gloria académica. En la época pre-LRU, este sistema consagró un importante núcleo de escuelas como fecunda cantera de catedráticos y profesores, que han enriquecido con su profundo saber buena parte de los departamentos universitarios a lo largo y ancho de la geografía nacional. El principio de autonomía introducido con la LRU conllevó ciertas variaciones de procedimiento, que han servido en distinto grado a las universidades para fomentar la promoción de sus propios candidatos, actitud endogámica incompatible con la más elemental esencia de universalidad del conocimiento, pero entendible desde la posición de la Universidad en el conjunto de la realidad sociopolítica del país.

Más allá de la honestidad en la selección, la aplicación de este sistema tiende a generar una "profunda esclerosis intelectual", plasmada en la escasa exigencia de rendimiento científico a los profesores permanentes. Resulta paradójico que, una vez superadas las oposiciones, sean las labores docentes y las cargas administrativas las obligaciones primordiales a satisfacer por el elegido, con serio detrimento de su actividad investigadora. Esta despreocupación se refleja en la concesión, generalmente automática, por las universidades de los complementos docentes a todos los solicitantes, sin un proceso riguroso de evaluación previa.

El fogonazo divino indujo la conversión irrenunciable de san Pablo de exterminador en evangelizador de cristianos, pero parece más dudoso que la resonancia de las críticas y largos años de debates llegue a producir similares efectos en nuestros dirigentes. Ni el actual documento ministerial sobre profesorado, ni las continuas modificaciones anunciadas de la LRU podrán tener cabida dentro de esta legislatura. Si las propuestas planteadas salieran adelante, harían falta algunas generaciones antes de que su aplicación resulte efectiva, quizá un lapso fatal tanto para la mejora de la educación superior como para nuestra consolidación científico-técnica.

Juan Carlos Argüelles es profesor titular de Microbiología de la Universidad de Murcia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 21 de junio de 1999.

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