El Poder Judicial inicia las encuestas a abogados sobre los juzgados

La Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comenzado a aplicar, en fase experimental, la iniciativa consistente en obtener datos sobre el funcionamiento de los juzgados a inspeccionar de los abogados y procuradores de los tribunales. Ramón Sáez, vocal delegado para la Inspección, ha explicado la importancia de que el 5% de los colegiados encuestados se seleccione de forma aleatoria y conteste anónimamente, aspectos especialmente rechazados por tres de las cuatro asociaciones judiciales. En los escritos que se remiten a los colegios de abogados y procuradores, se explica que el Libro Blanco de la Justicia atribuye al Servicio de Inspección "un papel clave en la modernización de la Justicia", por lo que, además de los informes que se han venido pidiendo a los colegios profesionales, se considera conveniente que los colegios "seleccionen de forma aleatoria un 5% de los profesionales que están colegiados en la sede donde se ubica el órgano a inspeccionar, para que de una forma anónima contesten el cuestionario" que se les adjunta, con preguntas sobre cumplimientos de horarios, atención al público e inmediación judicial.

Santiago Martínez-Vares, presidente de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), insiste en la "disconformidad con el método de las encuestas, porque el mismo va más allá de lo permitido". No se opone a la transparencia, sino a que la labor judicial "se cuestione a través de encuestas anónimas y aleatorias", por considerar que "carecen de la menor garantía". Sáez contesta que "una cosa es la opinión institucional de los colegios profesionales y otra la de los abogados y procuradores". Y explica que una muestra aleatoria "es la garantía de que no se elige a los encuestados, sino que se deja al azar la identidad de los seleccionados para asegurar una información veraz".

En cuanto al carácter anónimo de las encuestas, Sáez señala que "todo sondeo con fiabilidad estadística contiene respuestas anónimas, y mucho más cuando los encuestados con nombres y apellidos no se atreverían a dar información respecto a quienes decidirán sobre sus pleitos".

Sáez insistió en que los datos obtenidos mediante estas encuestas "son meros indicios, entre otros muchos elementos de conocimiento de la situación de los juzgados y tribunales y, en todo caso, sometidos al contraste de los inspectores, que son jueces y magistrados".

La asamblea del Consejo General de la Abogacía avaló el viernes la utilidad de estas encuestas.